Perfil para Contralor de la BUAP

 Aunque la decisión final recaerá exclusivamente en el rector Enrique Agüera Ibáñez, le comparto algunos nombres de quienes se mencionan para integrar la terna de aspirantes a la Contraloría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que es la posición donde se antoja la llegada de un personaje distinto, que no ajeno, al grupo compacto que controla la institución.            

Le digo esto porque, para el caso de la Tesorería está más que cantado que el actual contralor Óscar Gilbón Rosete será incluido y ‘ganará’ en la terna que se someta ante el Consejo Universitario para remplazar, el 28 de este mes, a Alfonso Esparza Ortiz y que éste último llegará a la Secretaría General cuando el rector decida mover a José Ramón Eguibar Cuenca a otra posición (por ejemplo, a la Dirección General de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico o alguna otra área de ese nivel).    

Para contralor, entonces, uno de los perfiles que más suenan, es el de Mario David Riveroll Vázquez, egresado de la BUAP, quien es profesor de la Facultad de Contaduría Pública y desde hace tiempo capacita al personal universitario de las áreas de tesorería, contabilidad, patrimonio y financiera.

Riveroll ya ocupó el cargo de Contralor pero en la Universidad de las Américas, Puebla (Udlap) cuando Pedro Ángel Palou García fungió como rector y en el gremio en el que se desenvuelve es considerado como un docto en Finanzas.             

Sus buenas relaciones con rectoría son tangibles pues su hijo, del mismo nombre, pero de apellido materno Carrasco, funge como Director de Control a Dependencias y Entidades Universitarias. Este Joven funcionario, egresado de la UDLAP también cuenta con méritos propios pero en los pasillos de la institución se dice que incumple con los requisitos para ser propuesto.       

Quien sí encaja con el perfil para ser nombrada contralora es la Directora de Control a la Administración Central, Martha Mayela Delong Carsolio y que por tanto puede ser incluida en la terna para cumplir con el protocolo.

El problema de la maestra en Contabilidad, con poco menos de dos décadas al servicio de la universidad, es su delicado estado de salud.         

Gerardo Soruano, Director de Control y Procesos Específicos de la propia Contraloría, es visto como un profesional con mucha capacidad para el puesto, sin embargo su perfil político es pobre.  

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Por cierto que en la BUAP hubo sorpresa por las declaraciones del Secretario General José Ramón Eguibar sobre una posibilidad de nombrar interinos en la Contraloría y en Tesorería luego del 23 de enero, fecha formal en la que sus titulares terminan su segundo periodo de cuatro años.           

Sin problema alguno, Alfonso Esparza y Óscar Gilbón llegarán a la sesión extraordinaria del Consejo Universitario que se convocará para las 12:00 horas del 28 de marzo próximo, en la que rendirán sus respectivos informes y se califiquen las elecciones de las 11 unidades académicas que se celebran el día de hoy.     

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La Justicia Federal sobreseyó el juicio de garantías que promovió el ex titular del Conalep, Antonio Hernández y Genis, para intentar protegerse de “la ilegal órden de detención o presentación”, pues el acto reclamado se consideró inexistente. Lo que en otras palabras quiere decir que al momento de la promoción del amparo, la autoridad ministerial no había girado orden de aprehensión alguna. Cosa que no quiere decir que no la vaya a haber.

En la Procuraduría General de Justicia, manejan con cautela, sus tiempos.                   

Donde sí hubo un revés a los impartidores de justicia fue en el caso de José Ángel Ramírez Montiel, quien  el año pasado fue presentado como integrante de una banda que participó en homicidios de taxistas.      

El pasado 8 de marzo, el Juez Quinto de lo Penal determinó concederle el amparo en contra del Auto de Formal Prisión el cual quedó insubsistente.   

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Cambios obligados en la BUAP

No lo cuente todavía pero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se aproxima la hora de ejecutar cambios, cambios que son impostergables y que involucran a personajes de primerísimo nivel; tan es así que uno de estos se perfilaba para ser rector interino en el escenario truncado de una candidatura al senado para Enrique Agüera Ibáñez.   

Los movimientos, hay que decirlo, no dependen del capricho, ánimo o estrategia del rector sino más bien de lo que claramente marca la Ley y Estatuto Orgánico de la llamada máxima casa de estudios poblana. Lo que Agüera deberá definir, porque así está facultado, es la integración de los perfiles para conformar dos ternas, que someterá a votación ante el Consejo Universitario.         

Aprovechando que los reflectores se orientan más hacia la política partidista, de la que temporalmente se desentendió, el rector puede barajar tranquilamente en estos días (si no es que ya los tiene) los nombres de quienes remplazarán a dos de sus alfiles: el tesorero José Alfonso Esparza Ortiz y el contralor Óscar Gilbón Rosete.     

E insisto, no es que exista alguna desavenencia para con ambos funcionarios universitarios sino que simplemente sus encargos tienen fecha de caducidad: 23 de marzo de 2012.   

Tanto Esparza Ortiz como Gilbón Rosete fueron electos para sus respectivos cargos en la primera sesión extraordinaria del 23 de marzo de 2004, todavía en tiempos de Enrique Dóger Guerrero y cuando Agüera fungía como Secretario General de la institución.  

El Estatuto Orgánico de la BUAP en sus artículos 93 y 97 estipula claramente que tanto el Contralor como el Tesorero General solo podrán “ocupar el cargo hasta por dos periodos de cuatro años consecutivos”.   

Es decir que técnicamente a Esparza Ortiz y a Gilbón Rosete, les quedan 16 días en el puesto.    

Además de desempeñarse como profesor en la Facultad de Contaduría, Alfonso Esparza fue Auditor – Contralor de 1997 al 2004 y al renunciar fue propuesto por Enrique Doger en la terna de aspirantes para la Tesorería, donde obtuvo  139 votos a favor, de los 144 computados. Desde entonces permanece en el cargo.  

Mientras que Óscar Gilbón ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos dentro de la universidad pero fue hasta ese marzo de 2004 que a propuesta de Dóger obtuvo la titularidad de la Contraloría, donde se mantiene hasta el día de hoy.    

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Mención aparte merece la Abogada General, María Esther Gámez Rodríguez, quien también este año deberá abandonar su responsabilidad en la BUAP y es que el 22 julio concluye su periodo tras una década en ese puesto.

El Estatuto Orgánico, pero en su artículo 89, también establece que los periodos del Abogado General son de cuatro años, con opción a repetir solo por un periodo más, de manera consecutiva.  

La encomienda de la Abogada General se ajusta a ese artículo pues su primer nombramiento se dio el 20 de marzo del 2002 y dos años después, el 23 de marzo de 2004, renunció (o la renunciaron) para dar paso a Lauro Castillo Sánchez quien quedó como encargado de despacho.        

Pero este último renunció cuatro meses después y fue cuando Agüera Ibáñez decide invitar de nueva cuenta a Gámez Rodríguez para reincorporarse en la tarea de representar jurídicamente a la universidad; se cumplió con el protocolo y se presentó la debida terna de la que la abogada obtuvo 142 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.  

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Si nos ponemos exigentes, otros dos de personajes que deberían de dejar sus encargos, pero por motivos distintos a los mencionados, son Pedro Hugo Hernández Tejeda y  José Ramón Eguivar Cuenca, Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado y Secretario General, respectivamente. Ellos cumplen con los requisitos para jubilarse.           

Hasta el próximo miércoles.

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Buscan registro con logo ajeno

Al jefe, el mejor de mis lectores.  

La representación legal de la agrupación política Compromiso por Puebla (CPP) acudirá esta tarde ante el Instituto Electoral del Estado a buscar el registro como partido político; dicen que ha sopesado jurídicamente la determinación para presentarse con el mismo logotipo y nombre que utilizó la coalición de partidos y cuyo título de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tramitó, desde el 7 de febrero, el Partido Acción Nacional (PAN).      

Una fuente de esa agrupación política me aseguró que la carpeta que entregarán al Consejero Presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales,  acreditaría a más de 7 mil 400 militantes repartidos en 20 distritos y que de alguna manera, que honestamente no alcancé a comprender, soportaría que desde hace tres años, sí, tres años, existen como un grupo llamado Compromiso por Puebla.       

La fuente no supo explicar porqué no existe registro mediático de una organización que, desde ese entonces, surgió por una “inquietud social” y que “ha venido creciendo a pasos agigantados”. Ni cómo es que, bajo ese entendido, prestó bajo el anonimato, desde la más profunda marginalidad, su nombre a una agrupación de partidos políticos que contendió y triunfó en el 2010.     

Para convencer de su existencia presentarán fotografías, documentos referentes a cursos de capacitación, testimonios y demás requisitos para no estar por encima de la ley.   

Sobre el tema de la marca “Compromiso Por Puebla”, cuyo diseño contrató  y registró ante el IMPI el dirigente panista Juan Carlos Mondragón Quintana, la fuente cacareó que a su dirigente Germán Jiménez García no le preocupa el asunto.   

Que ese registro tiene su tiempo de tramitología y que una cosa son las “campañas publicitarias” y otra la “propaganda política”.   



EL REGISTRO DE LA MARCA MIXTA

 Lo cierto es que un especialista en registro de marcas, me explicó que desde el momento en que el PAN hizo la mera solicitud de la "marca mixta”; de la coalición ante el IMPI, tiene protección sobre el nombre y uso del logotipo; si lo desea puede recurrir a un amparo directo y solicitar al propio IMPI que sancione, multe o impida el uso del emblema.      

El Consejo General del IEE tiene hasta hoy a la media noche para recibir las solicitudes y hasta el 29 de mayo para resolver si proceden o no las solicitudes. Mientras que en el IMPI, los tiempos varían entre 2 y 4 meses para conceder el registro de marca.    

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Desde hace 35 días, la vida del ex secretario de salud, Alfredo Arango García, dio un vuelco por completo; acostumbrado a los lujos, viajes y buenos restaurantes, actualmente duerme, sí, con ciertas canonjías que el dinero da, en el Penal de San Miguel, pero nada comparable.

La imagen difundida en el programa de televisa “Punto de Partida”, días posteriores a su encarcelamiento, vestido con su traje kaki y sentado sobre un cartón, corresponden al área de ingreso, donde permaneció cerca de un mes.        

Es en ese el lugar donde los internos son “evaluados” para definirles el área de dormitorio donde permanecerán, en función de su peligrosidad, conducta, estado de salud (…); en realidad lo que ahí les hace es una suerte de estudio socioeconómico para que, en función de su poder adquisitivo, sean colocados en las mejores o peores celdas.       

Le mentiría si le digo cuánto recurso invirtió y a qué área fue canalizado el compadre del ex gobernador Mario Marín Torres, pero es un hecho que no fue a lo peor de San Miguel.

Lo que sí le puedo compartir es que de acuerdo a partes médicos, desde hace una semana se advierte una pérdida significativa de peso y un decaimiento en su estado anímico.         

Quienes lo han visto aseguran que desde ese tiempo para acá, la postura erguida que tenía al caminar se ha jorobado al paso de los días. Parece que a Arango ya le cayó el veinte de que no saldrá de ahí en un buen rato.      

Hasta el miércoles entrante.

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Compromiso por Puebla, la marca; segunda parte

Si usted pensaba que el tema de la marca Compromiso por Puebla se quedaría en el anecdotario, como un membrete registrado por el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, con el fin de cuidarlo en los tiempos de transición, espere a leer los párrafos siguientes.

Resulta que un nuevo ente, hasta ahora no identificado, pretende proteger, bajo una categoría publicitaria, los derechos de esa marca, la que sirvió a la coalición, entonces opositora, como membrete electoral y que recientemente busca reciclar una asociación política que tramitará su registro ante el Instituto Electoral del Estado el martes próximo.           

El pasado 9 de febrero, un sujeto desconocido (para decirlo en argot policiaco), se apersonó en Vía Atlixcáyotl número 5208, colonia Unidad Territorial Atlixcáyotl, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, donde se encuentra la Oficina Regional Centro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).     

A las tres de la tarde con dieciséis minutos y un segundo de ese jueves, frente a la ventanilla, entregó debidamente llenada su “Solicitud de registro o publicación de signos distintivos”. Los recuadros de “Registro de Marca” y “Mixta” fueron marcados con una cruz.          

Y en efecto, como seguramente lo sospecha, en el espacio disponible para el “signo distintivo solicitado” fue colocada una imagen, ahora sí, idéntica a la utilizada en la campaña de 2010 que colocó a Rafael Moreno Valle como gobernador, a 103 presidentes municipales y 21 diputados. El famoso rehilete multicolor, que ya le he descrito en columnas pasadas.   

Debajo de ese símbolo se acompaña la denominación “Compromiso por Puebla”.   

El trámite inicial fue debidamente completado, incluyendo el pago de $2,303.33, y  entonces se asignó el número de expediente 1248036, sin embargo, por tratarse de una oficina regional, el proceso de captura es más tardado que si se hubiera hecho directamente en la capital del país y por tanto, hasta el día de hoy, no es factible, bajo el protocolo de consulta, identificar al que pretende ser el titular de la marca.       

Lo interesante del tema es que esta nueva solicitud fue bajo la clase 35 que tiene que ver con publicidad y marketing.

Para que se dé una idea del alcance de esta categorización en tiempos electorales le comparo que un tal Enrique Peña Nieto es el titular de la marca “Compromiso por México”, registrada, justamente en la clase 35.            

Dos hipótesis le puedo sugerir sobre la autoría intelectual para el registro de la marca “Compromiso por Puebla”, como se conoció en la campaña de 2010.

Una, supondría una actuación alevosa de José Germán Jiménez García, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la asociación política Compromiso por Puebla, para adueñarse de los derechos de la marca; si replicó el diseño sin el más mínimo pudor durante su asamblea constitutiva del 4 de febrero pasado, ¿porqué no habría de intentar hacerse de un diseño que el Partido Acción Nacional (PAN) omitió registrar a pesar de haberlo pagado?           

Más aún, si el ex encargado de la Secretaría de Desarrollo Social podría solicitar asesoría a sus ex jefes para la debida tramitación ante el IMPI cuyos trámites están más que ensayados.   

La segunda, centraría la mirada en Juan Carlos Mondragón Quintana, dirigente estatal de los panistas, quien razones de sobra tendría para enmendar su error de no registrar en su momento la marca y con ello poner una traba jurídica para la explotación electorera de ese logotipo que a nombre del blanquiazul pagó a Aarón de la Peña, director de la empresa New Box Design.     

Por supuesto que el abanico de escenarios puede ser más amplio; en poco tiempo se sabrá la identidad de quien o quienes quieren usar o evitar que se utilice esa marca.  

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Enrique Romero Razo, quien fuera juez penal de Cholula tramitó un “amparo buscador” en contra de una probable orden de aprehensión por delitos de tipo penal en su contra; le fue concedido de forma provisional, el pasado 17 de febrero mediante el pago de una fianza de 320 mil pesos.    

Nos leemos el próximo miércoles.

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¡El logo de CPP lo pagó el PAN!

Mire si no es más que oportuno el proverbio mexicano que dice “nadie sabe para quién trabaja” a propósito de la historia gráfica de la coalición de 2010 y del probable nuevo partido político estatal denominado Compromiso por Puebla.  

Corrían los tiempos para el registro de coaliciones ante el Instituto Electoral del Estado; el 2 de marzo del 2010 el bloque entonces opositor completó apuradamente su trámite de inscripción y echó mano del logo de los cuatro nautilus que a la postre sería propiedad de Fernando Manzanilla Prieto, a través de su empresa Imagina México.

Las prisas hicieron que el diseño se entregara sin alguna justificación o manual de diseño, pantones (colores) o proporciones ante el IEE pues lo primero era cumplir con el requisito y ya después se hiciera la modificación al convenio de colación.

Y así ocurrió. Mediante acuerdo CG-AC-03810 del 10 de marzo de ese año se dio entrada a la petición hecha por el entonces representante legal Rafael Guzmán Hernández para cambiar el emblema de la coalición por el rehilete que conocimos durante la campaña y se imprimió en las boletas electorales.

Esta vez todas las características estaban contenidas en un manual gráfico con todo y la justificación romántica que bien podría servirle al morenovallista Germán Jiménez García, dirigente estatal de la asociación política Compromiso por Puebla, cuando le vuelvan a preguntar que de dónde se inspiró para bautizar y presentar a su potencial partido.    

“Se trata de un símbolo compuesto de seis rectángulos de color que corresponden a los colores usados por los partidos coaligados, estos convergen en un vértice o punto que significa el valor, la unidad e inclusión de ideologías con un solo objetivo “Puebla” como el motivo de la coalición, debajo de la frase una franja de color naranja que anuncia los emblemas electorales de los partidos coaligados”,  dice el documento que entregó la coalición electoral en 2010.          

Pero ¿De dónde salió el concepto creativo del rehilete?   

Bueno, pues el autor fue el diseñador gráfico Aarón de la Peña, director de la empresa especializada en logotipos y marcas New Box Design. Y quien lo contrató fue ni más ni menos que el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Mondragón Quintana, quien sostiene una relación de amistad con el creativo y que por ello los honorarios habrían sido simbólicos.     

Tal vez por eso se explique el porqué el panista dio el mote de partido “pirata” al que realizó su asamblea constitutiva el pasado sábado, utilizando el logotipo que le hizo su amigo.      

También es cierto que los panistas pecaron de ingenuos porque a pesar de que ya contaban con toda la información para registrar la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por razones inexplicables no concluyeron el requisito. Unos dicen que minimizaron la rentabilidad futura de la marca y otros que la encomienda para el trámite legal se le dio al ahora secretario General de Gobierno.  Sean peras o manzanas, les comieron el mandado.       

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Ahora bien, lo dicho ayer por Manzanilla con relación a la marca Compromiso por Puebla, de la que le hablé en la entrega publicada el pasado 18 de enero , es cierto, el logotipo, su logotipo, fue retomado (no creado) en la época de transición.      

Pero valdría la pena que el funcionario puntualizara si va a permitir que un partido político, en el que discursivamente nada tienen que ver ni él ni su jefe, utilice el nombre del que tiene legalmente los derechos de explotación desde el 27 de octubre de 2010 hasta el 24 de agosto del 2020. 

Quien obtiene un título de registro, como es el caso de Manzanilla y Compromiso por Puebla, tiene derecho a usarlo de forma exclusiva en todo el país y “nadie debe usar la marca sin su autorización”, explica de forma sencilla el IMPI en su portal de Internet, el cual añade que el titular puede otorgar licencias, franquicias, ceder sus derechos o grabarlos.         

¿Qué hará el funcionario? Se quedará mirando cómo utilizan el nombre que su empresa registró; o ¿apoco permitirá que de buenas a primeras a alguien se le ocurra crear la asociación Imagína Puebla, Poblanos de Corazón o Inventa Puebla, también de su propiedad, sin reclamar nada? Es mera curiosidad.          

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Sin duda, la forma en que se definió la candidatura panista a la Presidencia de la República el sábado pasado, a favor de Josefina Vázquez Mota, marcará el escenario del próximo domingo 19, cuando se elijan las posiciones al Senado aunque  las cinco candidaturas a diputados que están pendientes parecen escapar de esa coyuntura.        

El escenario por el que apostaba el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para hacerse de la primera posición de la fórmula al Senado por Puebla, simplemente se esfumó. Su gente confiaba en una primera votación polarizada, en la que Josefina ganara pero por un pequeño margen a Ernesto Cordero que permitiera la segunda vuelta.      

Bajo esta idea, esperaban que la militancia se apostara por el más débil, por el que venía de menos a más y en esa sinergia lograr la primera posición ya con Cordero como favorito para la candidatura azul.     

Ahora bien, si la lectura de Lozano es que replicará los porcentajes obtenidos por los pre candidatos presidenciales en Puebla (53% para Cordero contra 42% para Josefina) me parece que es muy simplista.     

En primera instancia, porque anímicamente, aquellos que se apostaron por el ex secretario de Hacienda -motivados u obligados- difícilmente mantendrán su simpatía por lo que huela al grupo del perdedor; en segunda, porque el despliegue de recursos para movilizar y coaccionar el voto es ridículamente imposible de volver a ver.     

Un tercer factor que juega en contra de Lozano es el que impregnó Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, la misma noche en que presentó a Vázquez Mota como su abanderada, al darle el mote de histórica a la oferta panista  con su primera aspirante presidencial y en dupla con Isabel Miranda de Wallace como abanderada al Distrito Federal.     

Es decir que el asunto del género, me parece, también jugará a favor de la operadora en Puebla del equipo de la ahora abanderada presidencial panista Augusta Díaz de Rivera.   

Nos leemos el próximo miércoles.

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De precandidatos

Por Salvador Ríos

Que en total son 106 los políticos o politiqueros que se registraron como precandidatos del bloque de izquierdas para buscar una de las 16 candidaturas a Diputado Federal por Puebla.

Que, de la misma forma como ocurrió con los aspirantes a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) apalabraron que sus aspirantes sean medidos a mitad de este mes por las encuestadoras Covarruvias y Asociados  y Nodo Investigación. Todo indica que para este ejercicio no será necesaria una tercera empresa demoscópica que audite a las dos anteriores pero el tema será tratado en el Consejo Político del PRD del próximo 9 del presente.

Que entre esa larga lista de aspirantes, destaca el ex presidente Municipal de San Martín Texmelucan que cuenta con dos registros de precandidato ante el Instituto Federal Electoral: uno por el Partido del Sol Azteca y el otro, más reciente, por el Partido Nueva Alianza (Panal).  

Que de los 68 precandidatos que compiten por el PRD, es muy probable que 65 se queden en el camino puesto que la estrategia de Movimiento Ciudadano y del PT fue la de apuntalar a menor número pero con mayor conocimiento y sobre todo, identificación con el movimiento ‘pejista’.  

Que Abelardo Cuellar Delgado, Rosa María Avilés Nájera y Anselmo Venegas Bustamante, de los distritos 9, 11 y 14, respectivamente, serían los perredistas con tales posibilidades aunque su pecado es no ser parte del grupo de ‘los chuchos’.  

Que, encarredados en el tema del llamado Movimiento Progresista, quienes lo encausan en Puebla, escuchan y leen, con cierta sorpresa, las versiones manejadas por personeros del priista Javier López Zavala de que buscaría acompañar a Manuel Bartlett Díaz en la fórmula al Senado si en el PRI no lo colocan en la primera posición de la dupla con Blanca Alcalá Ruiz.

Que la causa básica es que el proceso de registros en el bloque de las izquierdas está cerrado por lo que sus candidatos al senado deberá salir de entre José Othon Bailleres Carriles (PRD), Sergio Barajas Guzmán (PRD), Manuel Bartlett Díaz (PT), Mario Bracamontes González (PT), Nancy de la Sierra Aramburo (MC) y José Juan Espinosa Torres (MC).         

Que al día de ayer, el ex secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, aun no contaba con el registro como precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) al Senado de la República, al menos no ante el Instituto Federal Electoral (IFE) que en su portal de Internet solo le da esa calidad a la diputada Augusta Díaz de Rivera.  

    

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Que el martes 7 iniciará una cadena de informes de las diferentes dependencias que conforman la estructura municipal que encabeza Eduardo Rivera Pérez, la cual se prolongará unos días después de la rendición de cuentas del 15 de febrero.     

Que el primero de ellos será en el patio del Palacio Municipal y estará a cargo de la Sindicatura y del Cabildo; se prevé un formato breve, con postura de regidores, del sindico  Ernesto Bojalil Andrade y del presidente municipal.     

 Que entre la bancada de regidores priistas hubo molestias por la puntada de su compañero Julio César Sánchez Juárez de convertir las oficinas de la 4 Oriente número 11 en una auténtica agencia de colocación para la empresa Servimsa, proveedora de Volkswagen.

Que su apresurada idea de ofrecer trabajo de una empresa privada en un edificio público pudiera estar ligado con su desempeño como titular de la Comisión de Trabajo el cual se reduce a dos sesiones. Algo tenía que improvisar para justificar el sueldo.     

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Renuncia Eduardo Rivera a rito ególatra por informe

Ayer el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez, anunció que su informe será austero y aunque dejó como probabilidad que sea en el Palacio Municipal, es un hecho que el 15 de febrero su primera rendición de cuenta será ahí y estrictamente conforme lo marca el protocolo.    

En esta ocasión, los regidores no tendrán que realizar una sesión previa al Informe para cambiar la sede del acto puesto que se realizará en el Salón de Cabildo.

Como es de suponerse, pocos serán los invitados a presenciar el evento programado para las 12:00 horas del tercer miércoles de febrero; junto con los regidores, el gobernador Rafael Moreno Valle, los titulares de los otros dos poderes y representantes partidistas, unos 70 invitados especiales presenciarán el mensaje lleno, eso sí, de cifras alegres y optimistas.           

En el patio del inmueble ubicado en Juan de Palafox número 14, otras 100 o, cuando mucho, 150 personas podrán seguir, mediante pantallas de televisión, el desarrollo de la sesión de cabildo.   

Ya sabe, el argumento para la realización de tan deslucido evento es para enviar un mensaje a la ciudadanía de austeridad; cosa que pocos políticos están dispuestos a llevarlo a la práctica, sobre todo aquellos que ya miran hacia cargos públicos mayores.      

Aunque dicen sus allegados que es enemigo de que su primer informe se convierta en el día para que se alaben la figura del gobernante municipal, a lo que no renunciará Rivera Pérez es a la promoción de mensajes en medios de comunicación masiva en los días previos y posteriores que así lo permite la ley. De hecho ayer mismo el edil comenzó a grabar los spots que para tal efecto se transmitan.         

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En cuanto al tema de las 15 diputaciones que deberá resolver el PRI para el próximo 7 de febrero, hay indicios de que en nueve ya están planchadas las candidaturas de unidad aunque lo cierto es que en el partido tricolor, bajo lo abrupto de sus decisiones recientes, lo que parece puede no ser.   

Aún así, aventuremos escenarios.

Para el Distrito 1, de Huauchinango se antoja la llegada de René Lechuga Fosado, secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI, esto porque el puntero en las encuestas, Carlos Barragán Amador, presidente municipal de Xicotepec, decidió apoyar al primero.

En los Distritos 3 y 4, con cabecera en Teziutlán y Zacapoaxtla, respectivamente, la dirigencia estatal realiza las labores para convencer a los correspondientes presidentes municipales Carlos Peredo Grau y Armando Sánchez Jiménez.                

Para el 5, con cabecera en San Martín Texmelucan, parece que no hay de otra que el edil de esa demarcación, Carlos Sánchez Romero.   

Por el Distrito 7, de Tepeaca, todo indica que el diputado Jesús Morales Flores se quedará con la posición pues tal parece que sobre los número de las encuestas poco favorables, predominaron sus relaciones a nivel estatal y nacional. Originalmente pretendió una diputación pero por Distrito 8 de Ciudad Serdán.      

Juan Taylor Morales, delegado especial del Comité Directivo Estatal del PRI se perfila como el abanderado en el Distrito 10, con cabecera en San Pedro Cholula.       

Por el Distrito 6 de Puebla, todo apunta a Jorge Alfonso Ruiz Romero, ex diputado local y ex tesorero municipal en la administración de Enrique Dóger, aunque hay versiones que insisten en que por cuestiones de género y estrategia pudiera llegar de última hora Lucero Saldaña.      

En cuanto al Distrito 9 los vientos tricolores favorecen a Julián Haddas Ferez y en el 12 a Pablo Fernández del Campo.    

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Si usted es político, consultor, académico o estudiante interesado en la solución de crisis y manejo de redes sociales en campañas puede resultarle atractivo el Primer Foro Internacional de Mercadotecnia Política que se realizará en el Tecnológico de Monterrey el próximo 17 de Marzo.    

Durante ese día, de 9:00 a 20:00 horas, especialistas como Rahaf Harfoush, operadora de la campaña presidencial en Internet de Barak Obama, o Xavi Domínguez, ex colaborador del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero compartirán sus experiencias.        

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