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martes, 11 de septiembre de 2012

División patria entre panistas



Independientemente de los acuerdos o desacuerdos que dentro de la Comisión Especial del Partido Acción Nacional se estén generando, lo cierto es que las señales que tanto el Yunque como los morenovallistas están generando no construyen una percepción de unidad.       
Las discrepancias, por fortuna, se han quedado en el terreno partidista; tanto el gobernador Rafael Moreno Valle como el edil Eduardo Rivera Pérez no han mezclado el tema y por tanto han mantenido sus agendas y apariciones conjuntas en arranque de obras, ceremonias y anuncios de festejos patrios.
Sin embargo, este 15 de septiembre hay que estar atento de las señales y muy concretamente de los grupos que se formen en torno a las dos celebraciones que harán; una en el zócalo, donde el edil ha dicho que se mantendrá después del grito y otra en la zona de los fuertes, donde el mandatario estatal prepara un festejo sin precedentes en la noche del 15.         
Ese día, las lealtades se harán explícitas; se verá quién está con quien.    
Le comento esto porque se sabe que desde el lunes mismo, una vez que hizo pública su decisión de no asistir a la segunda celebración, la del cerro de Guadalupe, Rivera Pérez pidió a sus colaboradores la elaboración de una lista de invitados, invitados que en su mayoría, tengan sus lealtades con El Yunque y que estén decididos a permanecer en el Palacio Municipal tras el tradicional grito que haga el gobernador.
La intención, predecible, es que La Organización haga explícito que cierra filas en la figura de Eduardo Rivera. Quienes y cuantos se quedan ahí ya se verá.
Antes de que Rivera soltara que no iría a Los Fuertes, participó, por varias horas, en una reunión celebrada en Casa Puebla donde se discutió el futuro del PAN en Puebla.       
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Tal parece que en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se han olvidado que la Abogada General, María Esther Gámez concluyó su segundo periodo de cuatro años desde el pasado 22 de julio, tal y como se encuentra estipulado en  la Ley y Estatuto Orgánico.     
En un primer momento, su relevo inmediato no ocurrió bajo el entendido de que se atravesaba la temporada vacacional y que por tanto no era estrictamente necesario el cambio.    
Después trascendió que se convocaría a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario hacia la primera quincena de agosto, pero desde el 6 de ese mes hasta la fecha tal situación no ha ocurrido.    
Quienes trabajan con la abogada general, hasta el día de ayer se mantenían en sus actividades cotidianas sin conocer del posible relevo que según se dice mantendrá el género femenino, aunque no saben para cuando.    
María Esther Gámez tiene una amplia trayectoria universitaria de 39 años de los cuales diez los ha dedicado como abogada general.
El Artículo 89 del Estatuto Orgánico establece que los periodos del Abogado General son de cuatro años, con opción a repetir solo por un periodo más, de manera consecutiva.
No obstante su primer nombramiento se dio el 20 de marzo del 2002 y dos años después, el 23 de marzo de 2004, fue desplazada para darle  paso a Lauro Castillo Sánchez quien quedó como encargado de despacho.
Cuando este renunció cuatro meses después Agüera Ibáñez decide invitar de nueva cuenta a Gámez Rodríguez para reincorporarse en la tarea de representar jurídicamente a la universidad.
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Hasta el miércoles próximo.
salvadorrios@hotmail.com
en Twitter @elsalvadorrios

martes, 6 de marzo de 2012

Cambios obligados en la BUAP


No lo cuente todavía pero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se aproxima la hora de ejecutar cambios, cambios que son impostergables y que involucran a personajes de primerísimo nivel; tan es así que uno de estos se perfilaba para ser rector interino en el escenario truncado de una candidatura al senado para Enrique Agüera Ibáñez.   
Los movimientos, hay que decirlo, no dependen del capricho, ánimo o estrategia del rector sino más bien de lo que claramente marca la Ley y Estatuto Orgánico de la llamada máxima casa de estudios poblana. Lo que Agüera deberá definir, porque así está facultado, es la integración de los perfiles para conformar dos ternas, que someterá a votación ante el Consejo Universitario.         
Aprovechando que los reflectores se orientan más hacia la política partidista, de la que temporalmente se desentendió, el rector puede barajar tranquilamente en estos días (si no es que ya los tiene) los nombres de quienes remplazarán a dos de sus alfiles: el tesorero José Alfonso Esparza Ortiz y el contralor Óscar Gilbón Rosete.     
E insisto, no es que exista alguna desavenencia para con ambos funcionarios universitarios sino que simplemente sus encargos tienen fecha de caducidad: 23 de marzo de 2012.   
Tanto Esparza Ortiz como Gilbón Rosete fueron electos para sus respectivos cargos en la primera sesión extraordinaria del 23 de marzo de 2004, todavía en tiempos de Enrique Dóger Guerrero y cuando Agüera fungía como Secretario General de la institución.  
El Estatuto Orgánico de la BUAP en sus artículos 93 y 97 estipula claramente que tanto el Contralor como el Tesorero General solo podrán “ocupar el cargo hasta por dos periodos de cuatro años consecutivos”.   
Es decir que técnicamente a Esparza Ortiz y a Gilbón Rosete, les quedan 16 días en el puesto.    
Además de desempeñarse como profesor en la Facultad de Contaduría, Alfonso Esparza fue Auditor – Contralor de 1997 al 2004 y al renunciar fue propuesto por Enrique Doger en la terna de aspirantes para la Tesorería, donde obtuvo  139 votos a favor, de los 144 computados. Desde entonces permanece en el cargo.  
Mientras que Óscar Gilbón ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos dentro de la universidad pero fue hasta ese marzo de 2004 que a propuesta de Dóger obtuvo la titularidad de la Contraloría, donde se mantiene hasta el día de hoy.    
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Mención aparte merece la Abogada General, María Esther Gámez Rodríguez, quien también este año deberá abandonar su responsabilidad en la BUAP y es que el 22 julio concluye su periodo tras una década en ese puesto.
El Estatuto Orgánico, pero en su artículo 89, también establece que los periodos del Abogado General son de cuatro años, con opción a repetir solo por un periodo más, de manera consecutiva.  
La encomienda de la Abogada General se ajusta a ese artículo pues su primer nombramiento se dio el 20 de marzo del 2002 y dos años después, el 23 de marzo de 2004, renunció (o la renunciaron) para dar paso a Lauro Castillo Sánchez quien quedó como encargado de despacho.        
Pero este último renunció cuatro meses después y fue cuando Agüera Ibáñez decide invitar de nueva cuenta a Gámez Rodríguez para reincorporarse en la tarea de representar jurídicamente a la universidad; se cumplió con el protocolo y se presentó la debida terna de la que la abogada obtuvo 142 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.  
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Si nos ponemos exigentes, otros dos de personajes que deberían de dejar sus encargos, pero por motivos distintos a los mencionados, son Pedro Hugo Hernández Tejeda y  José Ramón Eguivar Cuenca, Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado y Secretario General, respectivamente. Ellos cumplen con los requisitos para jubilarse.           
Hasta el próximo miércoles.
Twitter @elsalvadorrios