El miércoles pasado le documenté en este espacio una
lista de ocho diputados poblanos (a la que al día siguiente se sumaría uno más)
que presumían en sus perfiles del portal web del Congreso del Estado estudios
académicos que no aparecen ante el Registro Nacional de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública.
De los nueve, la única que presentó el título y
cédula profesional que la acredita como maestra en Estudios sobre Estados
Unidos de Norteamérica fue la panista Irma
Patricia Leal Islas quien ignoró el porqué su cédula (8440808) no puede ser
consultada en línea.
Por el contrario, el diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Carlos
Martínez Amador, no movió un dedo para retirar de su currículum una
maestría de la que no tiene título profesional.
Una fuente del Congreso estatal me asegura que en
cuanto supo de esta inconsistencia, el ex priista se preocupó ante la realidad
de que carece del título de maestro en Administración de Empresas de la
Construcción y vería la forma para modificar su perfil en el portal de la LIX
Legislatura.
La realidad es que al día de hoy la información,
imprecisa, sigue sin la debida aclaración.
Seis más tuvieron el valor de reconocer virtualmente
que tienen estudios truncos o carecen de título profesional que los acredite
como maestros o licenciados, según sea el caso, y hacer las debidas
correcciones.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de
México, Geraldine González Cervantes, modificó
su currículum para precisar que tiene estudios truncos en Periodismo, Historia
del Arte y Sociología.
José
Germán Jiménez García, coordinador de bancada y dirigente
estatal del partido Compromiso Por Puebla (CPP) dejó de ser licenciado en
Administración Pública para explicitar que tiene “estudios en”. Igual lo hizo el
diputado suplente por el distrito de Amozoc, Francisco Mota Quiroz, quien se quitó el título de licenciado en
Economía.
Quien, por iniciativa propia, por no ser mencionado
en la columna del miércoles 18, optó por quitarse el título de ingeniero fue el
diputado panista Heraclio Germán
Martínez Manzano.
Y el perredista, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, precisó que su título de maestría en
Gobierno y Administración por la BUAP está en trámite.
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En el Ayuntamiento de Puebla hay una regidora que
estuvo a punto de publicar en su perfil oficial de Internet que es Maestra
cuando en realidad no tiene el título que así la ampare.
Se trata de Silvia
Argüello de Julián, emanada de la Coalición Puebla Unida, quien hasta hace
poco se ostentaba como “Abogada con Maestría en Fiscalización y Rendición de
Cuentas” en su perfil de Facebook.
En esa red social así se presentaba ya como regidora
del Ayuntamiento de Puebla para el periodo 2014-2018 pero al día de hoy ya no
aparece la maestría y en el portal del ayuntamiento se lee que “cursó” tales
estudios.
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Auditores independientes y pequeños despachos
contables se las están viendo negras para amarrar contratos con los nuevos
presidentes municipales que por única ocasión tendrán un periodo de cuatro años
ocho meses.
Cuando los contadores buscan convencer a los ediles,
lo mismo que de la mixteca como de la sierra norte o la zona de Libres se
encuentran con una condicionante que parece ser un acuerdo preestablecido: la
mochada en efectivo para el alcalde de lo equivalente al pago de la auditoría
del primer año como condicionante para entregar el contrato por los casi cinco
años.
Por si fuera poco, para inscribirse como contadores
externos ante la Auditoría Superior del Estado, encabezada por David Villanueva Lomelí, además de
erogar $25,500.00 por el registro, $7,500.00 por bases y lineamientos, deben
pagar $18,000.00 por un curso de actualización que recibirán hasta
noviembre.
Hasta el próximo miércoles.
Twitter: @elsalvadorrios