Que unos 180 de los 192 “socios” de la primera línea de la Red
Urbana de Transporte Articulado (RUTA) andan preocupados, molestos y llenos de
dudas sobre la forma en que se conduce la empresa y el fideicomiso que
administra los ingresos por su estrecho vínculo con la Secretaría de
Transportes.
A un año y medio, los transportistas ignoran dónde quedaron sus
concesiones, las cuales cedieron para convertirse en accionistas pero es el día
en que no cuentan con algún papel que los acredite como tales y además se les
niega información sobre los estados financieros de la empresa constituida en
junio del año pasado.
Los ocho concesionarios que figuran en el acta constitutiva
levantada por José Alejandro Romero
Carreto, Notario Público 5 de Huejotzingo: José Luis Gómez Robles, Miguel Ángel Aceves Méndez, Andrés Coanani
Coelo, José Manuel Coyotl, Benjamín González Loyola, José Luis Espinosa, José
Enrique Huanetl y José Eustaquio Coaya, se han negado sistemáticamente a
respetar un acuerdo para la realización periódica de asambleas en las que se
tomen, de manera colegiada, las decisiones de la empresa y se informen los estados
financieros.
Estos personajes amagan con declarar en quiebra la empresa
si es que los quejosos insisten en la realización de asambleas pues a pesar del
discurso oficial de incremento de pasajeros les dicen que no hay dinero.
Actualmente, por cada concesión, los transportistas reciben
al mes 6 mil pesos cuando antes obtenían hasta 30 mil pesos en ese periodo.
Cuando inició la RUTA se decía que unos 40 mil pasajeros la
utilizaban pero antes de que Carlos
Zurita García saliera de la Subsecretaría de Transporte el número oficial
era de 70 mil pasajeros, no obstante los 6 mil pesos se mantienen.
Los ocho integrantes formales de la empresa arguyen a los
otros concesionarios que “la ST no suelta más dinero” cuando en teoría, la
dependencia solamente cumpliría una función de asesoría y acompañamiento para
la constitución de la empresa.
Según los concesionarios afectados, la empresa ATT Maximus
se encargaría de recaudar el dinero, lo pasaría al fideicomiso y este a la
empresa para su respectivo reparto a los socios, no obstante aseguran que del
fideicomiso pasa a la ST y por ello ocurren las trabas que ha generado retraso
en los cobros y falta de transparencia en el manejo de las ganancias.
Herencias de Carlos Zurita.
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Que en el gobierno estatal andan sobrevalorando los poderes
de hackeo del ex secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, pues le atribuyen la autoría intelectual de
intromisiones cibernéticas a sus bases de datos y filtración a medios de
comunicación.
La hipótesis que ronda en los pasillos de Casa Puebla salió
a colación por el retiro de concesiones de la Ruta Bicentenario que habría
dañado los intereses del marinista.
Lo curioso es que si se saben vulnerables en sus sistemas
(puesto que portales de Internet, servidores o la plataforma DeclaraPue han
sido blancos de hackers), sigan buscando responsables exógenos cuando en lo
interno no han logrado blindar su información.
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Que contrario a
lo que se piense, Pablo Montiel Solana,
ex secretario de Gobernación en la Administración de Eduardo Rivera Pérez, aunque lo quiera, no podrá salirse del redil
legislativo que se imponga desde los autores intelectuales de la llamada
coalición “Puebla Unida”.
Cuentan que la fuente de financiamiento de campaña del
futuro diputado local no fue precisamente el Yunque, como sí lo fue de Francisco Rodríguez Álvarez, pues desde el Fuerte de Loreto
se palomearon los apoyos que recibió el panista tanto para el desarrollo de la
campaña como para el llamado “día D”.
Hasta el próximo miércoles.
Twitter:
@elsalvadorrios
