¿Y Blas Villegas cuándo?

Por Salvador Ríos

Clonación de facturas, proveedores fantasma, declaraciones de los existentes ante la Secretaría de Finanzas que niegan la relación comercial con el gobierno estatal así como el dictamen de una perito en grafoscopía de la Procuraduría General de Justicia que lo incriminan, son sólo algunas de la pruebas que se encuentran perfectamente documentadas en los cuatro procedimientos levantado en contra de Blas Villegas Lara cuando era titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue).        

Factura apócrifa

Los procedimientos iniciaron en julio de 2010, corresponden al ejercicio octubre 2007 a agosto 2009  y a pesar de que las irregularidades, que implicaron un daño patrimonial inicial por 7 millones 546  mil 657 pesos, están debidamente soportadas, es la fecha en que la Contraloría estatal, a cargo de Patricia Leal Islas, no resuelve.

Este reportero tuvo acceso a los cuatro expedientes administrativos de  la Contraloría donde quedan evidenciados los detalles del caso que en su momento han comentado los periodistas Rodolfo Ruiz y Alejandro Rodríguez. 

Antes le comento que en la propia Contraloría hay quienes ven con “sospechosismo” el desinterés por resolver el asunto y traducirlo en denuncias penales contra Blas Villegas y sus subalternos.   

Dicen que la delegada de la Contraloría en la Secretaría de Infraestructura, Luz del Carmen Morales Aguilera, se ha dejado envolver por el Subdelegado, Luis Alberto Aparicio de la Luz, quien logró sobrevivir a la pasada administración y mejoró pues era jefe de departamento. Extrañamente, dicen, es él quien tiene las riendas de la dependencia  y no mueve un dedo por apresurar el procedimiento, lo que les da a pensar en algún interés de proteger al ex titular del Ceaspue.     

Ahora sí revisemos las linduras que hizo Blas Villegas.    

En la revisión 12/2009, número de expediente administrativo 11/2010, cuyo rubro es Parque Vehicular se da cuenta de un monto no solventado por 944 mil 614 pesos.  

Las observaciones tienen que ver con el pago en exceso de 724 mil 452 pesos por la compra de equipo del sistema portátil para video de pozos; incluye la compra de una camioneta al proveedor Orbe Ambiental S.A. de C.V. según las facturas 007 y 019 de fechas 5 de agosto de 2009 y 12 de mayo del 2009 por $656 mil 973.50 pesos cada una.   

Tampoco se aclaró el destino de 152 llantas por la cantidad de 205 mil 442 pesos y sobre la supuesta compra de otras 211 por un monto de 273 mil 480.24 pesos resulta que se pretendió justificar con una factura, póliza cheque y contratos apócrifos del proveedor Marco Antonio Martín Garzón Miranda quien en realidad es empresario abarrotero.

La factura falsa es la 317 de fecha 3 de diciembre de 2008 pues el supuesto proveedor dijo por escrito que la real corresponde a la del 8 de febrero de 2009 por un importe de 16 mil 613.60 pesos expedida al municipio de Tehuacán.      

Vamos ahora a la revisión 07/2009, expediente 10/2010 por el rubro de adquisición de bienes y servicios: el ejercicio revisado va del 1 de octubre de 2008 al 31 de marzo de 2009 donde el monto no solventado asciende a los 4 millones 708 mil 605.  

La mayor observación, por 4 millones 559 mil 858 pesos es por concepto de consumibles, papelería y copias no efectuadas y soportada en algunos casos con documentación apócrifa de proveedores quienes al no deberla dirigieron escritos a la Secretaría de Finanzas.

Marco Antonio Martín Garzón, el mismo que le mencioné en la revisión anterior, manifestó “Niego haber tenido operciones comerciales con el Gobierno del Estado de Puebla y la factura 307 fue facturada al municipio de Tehuacán Puebla con fecha 15-01-2009, por un importe de $17,980.00 por concepto de abarrotes y no de consumibles de equipo de cómputo por $69,584.95 de fecha 19-11-2008 anexo copia de la factura expedida al municipio de Tehuacán”.

Otro caso es el del propietario de Papelería Goya, Gregorio Espinosa Morales, quien manifestó nula relación comercial por la cual se hubiera tenido la obligación de emitir las facturas 045, 053 y 069 “por $60, 306.00, $50,048 .00 y $84,868.85 respectivamente, no existen estos folios requeridos toda vez que el tiraje inicial fue del folio 301 al 600”.

Jorge Moreno García de Imprenta MG también refutó “niego totalmente haber tenido relación comercial con el Gobierno del Estado, respecto a las facturas 697 y 705 por $238,518.00 y 423,000.00 de fechas 29-10-08 y 11-11-08 respectivamente, le informo que el último tiraje autorizado fue del folio 501 al 600, por lo que los folios requeridos no existen”.

Rodolfo Eduardo Pérez Hernández, en el mismo sentido dijo “no tuve ningún tipo de relación comercial por lo que niego totalmente haber tenido relación comercial con el Gobierno del Estado de Puebla respecto a las facturas 177,188 y 189 por $18,400.00, $79.520.00 y $80,000.00 respectivamente, se encuentran canceladas”.

Todos los anteriores, con copias de las pólizas de cheques de la cuenta del Banco Santander 65-50214673-7 que supuestamente amparan los pagos.    

A esto hay que sumarle una lista de proveedores “no localizados” por la Secretaría de Finanzas: 

Jorge Guerrero López supuestamente expidió la factura no. 557 el 31 de diciembre de 2008 por la cantidad de 110 mil 367 pesos por concepto de papelería. Bulkwar de México S.A. de C.V la factura no. 526 el 17 de diciembre de 2008 por un importe de $920, 190.23 por concepto de consumibles de equipo de cómputo.

Enrique Hallat Chazaro presuntamente expidió las facturas números 979 de fecha 3 de noviembre de 2008 por 34 mil 760 pesos y 992 de fecha 19 de noviembre de 2008, por 116 mil 760 pesos por concepto de: instalación de equipo para presidium y material de apoyo informático.

Según esto, también Abinse de Puebla S.A. de C.V expidió la factura 774 de fecha 18 de noviembre de 2008 por 199 mil 520 por concepto de material didáctico y de difusión, lonas y publicidad  pero tampoco se encontró el domicilio de la empresa.

Luego vienen las facturas de dudosa procedencia, una de ellas, la 1607, por 59 mil 138.75 la cual  fe expedida pro Vania Liliana Bassoul Maza pero a Megacable Comunicaciones pero sólo por 320.85 pesos y otra más por una factura por la compra de 100 software Karpersky por parte del proveedor Magali Cruces López por 89 mil 608 pesos, sin que se haya recibido el producto.  

Por lo que respecta a la revisión 16/2009, expediente 13/2010, rubro mantenimiento de bienes muebles, se establece que el monto no solventado entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2009 es de 736 mil 531.52 pesos. Igualmente el proveedor  Juan Gabriel Morles Ordáz negó ante hacienda haber facturado $435 mil 800.75 pesos por mantenimiento de vehículos o por  cualquier otra operación. “con respecto a las facturas 730, 749,851, 855, 860 y 870 no fueron expedidas y se encuentra canceladas por caducidad”, expresó ante Finanazas el 22 de junio de 2010. 

Una de las pólizas que habría firmado Blas Villegas según
la perito Claudia Esmeralda Sánchez  

Finalmente, la revisión 15/2009, expediente 12/2010 del rubro aplicación de los programas federales Apaszu y Prossapys del 1 de diciembre de 2008 al 28 de febrero de 2009 arrojó un monto no solventado de 1 millón 377 mil 068.78 pesos. De estos no se demostró documentalmente el destino, entrega y aplicación de 15 mil 5588 vales de gasolina por un monto de un millón 293 mil 385.78 pesos adquiridos al proveedor Morpar S. A. de C.V.

En la observación dos figura nuevamente Juan Gabriel Morales quien vuelve a negar la emisión de facturas por mantenimiento de vehículos por 83 mil 683.78, 65 mil 824.28 pesos y 17 mil 859.50 pesos.    

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El delegado de la procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Federico González Magaña, instruyó a su subdelegado jurídico, Hugo Morales Jiménez, para iniciar una investigación administrativa y en su caso penal, en contra de quien o quienes hayan filtrado los documentos que le presenté la semana pasada en este medio.

Al interior de la dependencia, la versión es que los expedientes fueron alterados y mezclados originales con apócrifos, pero por algún abogado afectado en sus intereses particulares pues el delegado en efecto ha optado por aplicar las multas más bajas en los casos donde la infracción esté relacionada con la falta de un documento o evaluando las condiciones socioeconómicas o de intencionalidad del infractor.  La multa a Casas Geo no estaría dentro de este criterio pues se le sancionó con 299 mil 100 pesos.       

Hasta el miércoles.

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