Usted dirá ¿y cuál es la nota? Y en efecto, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, mantiene la misma actitud de opacidad que en ejercicios anteriores, a la hora de presentar sus informes financieros. Hoy en la sesión del organismo y en asuntos generales presentará el correspondiente a 2010, año en el que se eligieron gobernador, alcaldes y diputados locales. El reporte está sellado por la opacidad y si no cómo se explica que cuando en anteriores ocasiones los consejeros tenían la oportunidad de conocer las cifras en mesas de trabajo, ayer, súbitamente, al concluir una de ellas, a cada integrante del Consejo General se le entregó un informe condensado como para que no tuvieran tiempo de analizar a fondo el documento.
Las dudas saltan a la vista en cada uno de los capítulos que conforman este informe y del cual Sánchez Morales, debiera, insisto, debiera, dar una respuesta puntual.
Por ejemplo en el Capítulo 1000 se hace referencia a la erogación de 58 millones 572 mil 90.46 pesos en la contratación de personal, es decir más de la mitad de los 109 millones 735 mil 195.61 del presupuesto total de este apartado, pero nunca se establece el qué áreas, en qué periodos, cuánto para el órgano central o cuánto más para los transitorios.
Lo mismo ocurre en el Capítulo 2000, en el que se informa de un gasto de 13 millones 280 mil 440.81 pesos, de los cuales 3 millones 64 mil 407 pesos fueron para gasolina, aunque tampoco se justifica o detalla sobre las áreas que más combustible requirieron. En la partida de alimentos se menciona un gasto de 2 millones 564 mil 534 pesos, pero no se da una especificación detallada ni de cómo el monto encuadra con el tabulador de 40 pesos al día por persona.
En similares términos se enuncia la compra de vestuario y uniformes por 670 mil pesos ya que nunca se aclara como cuáles y a quien se le dieron.
Por lo que corresponde al Capítulo 3000, el más espinoso de todos, valdría la pena que de una vez por todas se justificara presupuestal y administrativamente el porqué se optó por las propuestas más caras. Por ejemplo, la empresa que administró el PREP cobró 22 millones 504 mil pesos cuando, recordará, había opciones más económicas y el presupuesto inicial era de 6 millones 800 mil pesos. El material electoral también fue el más costoso del abanico de posibilidades.
El arrendamiento de edificios por 6 millones 929 mil 965 pesos carece de un listado de inmuebles rentados y la temporalidad de estos, por mencionar otro ejemplo.
Seguramente mañana, los consejeros que no son paleros de Jorge Sánchez cuestionarán estos y otros puntos y la respuesta del consejero presidente brillará por su ausencia.
La “abogada” estafadora
Si usted es funcionario de la Secretaría de Educación Pública o es un médico que cuenta con un consultorio privado, tenga cuidado con una mujer que se anda valiendo de la buena voluntad de sus víctimas para estafarlos bajo el supuesto de que organizará actividades caritativas o que requiere de un padrino para completar el trámite de una tesis de maestría.
El modus operandi de la supuesta abogada es tan similar, que al menos seis de los timados, conocidos entre sí, ya descubrieron a esta profesional de la estafa.
La fémina se hace llamar, invariablemente, Guadalupe Hernández García, dice que trabaja en un juzgado de Cholula y que está realizando una colecta para llevar a niños de un orfanato un modesto desayuno con motivo del día del niño. Tamales, atole y gelatinas el menú, que lo importante es convivir.
Quienes han caído en la trampa han desembolsado desde 600 hasta mil 200 pesos envueltos por la seguridad discursiva y porte de la “licenciada”, una mujer de tez blanca, cabello teñido de rubio, complexión media, altura aproximada de un metro 68 centímetros, bien vestida y perfumada.
Cuando la victimaria logra el primer cometido pretende convencer a su presa de que la apadrine para su tesis de maestría con 800 pesos que le hacen falta para empastar su material incluso asegura que quien ya la ha apoyado es el ex secretario de gobernación estatal Mario Montero Serrano.
Para ganar la confianza, la susodicha ofrece los números telefónicos de su casa, trabajo y celular, bueno, hasta la dirección de su casa, todas falsas, por supuesto.
El delito de fraude alcanza una pena de hasta 10 años, pero siempre alcanza fianza, por lo que los afectados han optado por ventilar entre sus conocidos y ahora a usted el hecho para que tome sus precauciones, no vaya a ser la de malas y esta fémina no actúe sola.
Así que si se ve envuelto en este tipo de peticiones, primero indague para que después no se ande lamentando.
Sus comentarios a salvador_solpue@yahoo.com.mx
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