Lo que está en juego en la VW

Ocho planillas son las que se disputan el control del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México; de éstas, al menos tres tienen a integrantes del comité actual: Víctor Cervantes Rosas va por la reelección; Mario Pinto Martínez, Secretario General y José Luis Valdés Palma irán por otra fórmula; mientras que el encargado de la cartera de Deportes, de apellido Rocha, hará su lucha.             

También es visible el respaldo de José Luis Rodríguez Salazar, ex dirigente sindical de la armadora y asesor laboral de la empresa Mex Mode, a otra. Dicen que de alguna manera el que fuera regidor de la capital poblana en la administración de Enrique Doger busca el apoyo de la administración estatal para sus muchachos.       

Las ocho fórmulas que obtuvieron su pre registro se encuentran en la fase de convencer a un millar de trabajadores para entonces sí lograr un lugar en la boleta para el próximo 24 de noviembre.

El botín, que está en juego, si nos vemos mesurados, implica cuando menos, insisto, cuando menos, un millón 300 mil pesos mensuales, derivado de las cuotas que semana a semana les descuentan a los 10 mil trabajadores. Más de 15 millones y medio de pesos al año.         

Por eso, la cosa se pondrá calientita y Víctor Cervantes se aferrará con todo lo que tiene a su alcance para mantenerse. ¿Lo dejarán?        

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El día de ayer, el Despacho Jurídico Profesional, cuyas oficinas se encuentran en San Pedro Cholula, entregó a la Secretaría General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México un oficio conciliatorio para alcanzar una posible negociación por la denuncia penal 5148/2008, radicada en Cholula, en contra de Víctor Cervantes e integrantes de su comité por amenazas a Antonio Gutiérrez Pérez, quien fue despedido a la mala de la planta en 2008.      

Gutiérrez Pérez persigue que el sindicato le repare el daño moral y económico tras ser presionado  para firmar su renuncia hace tres años y luego de dos décadas de trabajo. Su pecado, convertirse en un actor incómodo para los intereses del sindicato, puesto que fungió como integrante de la Comisión Revisora en aquel entonces y peleaba, entre otras cosas, la base para eventuales con tres reingresos y antigüedad de 7 y 9 años.           

Su caso no es el único; más de una decena de ex obreros puede constatar que por sus críticas al actuar del representante gremial, fueron liquidados apenas llegó al cargo.       

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Por respeto a los lectores, y a este espacio, no reproduzco el contenido de algunos correos electrónicos que trabajadores de la Volkswagen hicieron llegar a este reportero para referirse a su aún dirigente sindical; los conceptos ahí vertidos le atizan palabras altisonantes, presuntos vicios y formas poco decorosas para orientar los recursos derivados de las cuotas de sus agremiados. 

Bueno, hasta calaveritas hicieron llegar con el fin de expresar, ciertamente, parte del clima pre electoral que vive la armadora, pero también un malestar genuino de un sector obrero en contra de la reelección, que en 34 días se verá qué tan grande es.       

Para tranquilidad de Víctor Cervantes, y en virtud de sus graciosos señalamientos hechos el jueves de la semana pasada en contra de su servidor, le comento que no respondo a intereses perversos y a sueldo para afectar su impoluta trayectoria en defensa de los trabajadores y sus familias (ja). En realidad ni para esos ni para otro propósito que no sea periodístico.        

Y si al señor le molesta que se ventile que no ha entregado una sola de las 500 plazas a trabajadores eventuales; que cuando era candidato, su discurso era en contra de la reelección sindical y que en su periodo ha cultivado varios enconos, tanto de sus propios representados como de aquellos que se quedaron sin fuentes de empleo, por oponerse a sus designios, pues allá él.        

Son datos fríos y descriptivos. O ¿a poco se enteró por esta vía de la vox populi que circula en las diferentes naves sobre la presunta venta de plazas y la petición de adhesiones a quienes pretendan una?  

Hasta el miércoles siguiente.

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Víctor Cervantes y el voto de miedo en VW



Víctor Cervantes



Hace cuatro años, cuando buscaba el voto, Víctor Cervantes Rosas agradecía de mano en mano el respaldo y simpatías de cientos de trabajadores de la armadora Volkswagen, prometía velar por los intereses de la base y navegaba con la bandera de “no a la reelección” (de José Luis Rodríguez Salazar, ahora se entiende).          

Hoy, que busca repetir en el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México, la prepotencia, el despotismo, las amenazas de despido y el control de las 500 plazas que se ganaron en la pasada negociación con la empresa, son los referentes de su liderazgo.      

Y mire la forma en que construye su permanencia en la representación.  

Ayer se cumplieron dos meses, desde que se conjuró la huelga en la armadora, donde, entre otras cosas, los trabajadores obtuvieron la afirmativa para entregar base a 500 trabajadores eventuales pero es el día que no se da una sola y no porque la empresa haya puesto trabas, no.        

El corporativo alemán se ha reportado listo para iniciar con la entrega de bases cuando la representación sindical lo considere conveniente y se definan los criterios para ello.

Empero fue el propio Cervantes Rosas el que le pidió a la parte patronal que aguantara un tiempo para la entrega de las plazas. Oficialmente, lo que ha dicho a los agremiados es que aún no se pone de acuerdo con la armadora sobre los criterios para la definición de los beneficiarios.      

En realidad lo que “El Cañas”, como se le conoce en la fábrica automotriz, está haciendo, es negociar con la mera posibilidad de conceder base para los eventuales a cambio de votos.

La mecánica es la siguiente: el aspirante debe comprometerle su voto y el de otros cuatro compañeros mediante la entrega de copias fotostáticas de la credencial de elector.          

Una versión que corre entre los sindicalizados es que el lidercillo y sus allegados anduvieron solicitando entre 35 mil y 40 mil pesos por cada puesto formal que se coloque en la lista, donde dicho sea de paso ya se habrían colocado nombres de los incondicionales o parientes de los integrantes del comité.        

De acuerdo a esta especie, los directivos conocieron de estas prácticas y decidieron suspender la entrega de plazas hasta en tanto no se realicen las elecciones.  

Sean peras o manzanas, el hecho es que Víctor Cervantes ha referido que las plazas se van a entregar en diciembre y será en función de los resultados que se obtengan en las elecciones del próximo 24 de noviembre.   

Sobra decir que el torcido representante de la base obrera ha expresado a los cuatro vientos que aquel compañero que ose hablar mal de su persona o de su ejercicio gremial se deberá despedir de su fuente laboral pues no se tentará el corazón para forzar su despido.    

De hecho, así ocurrió a su llegada cuando, misteriosamente, quienes fueron sus adversarios en la contienda electoral poco a poco fueron forzados a dejar su trabajo. 

Hasta ayer, siete eran los grupos, incluido el del líder actual, los que se dibujaban para la contienda; para convertirse en planillas cada uno deberá conseguir el respaldo de mil compañeros y en esa tarea se encuentran.     

Aún es prematuro pensar en un escenario de reelección; el miedo, el hartazgo  y la división o unión de fuerzas jugarán un papel determinante en la contienda de la empresa más importante del estado.      

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Las declaraciones de Fernando Manzanilla Prieto, secretario General de Gobierno, que ayer se publicaron en la portada de El Sol de Puebla, sobre la injerencia y peso que tendrá el gobernador Rafael Moreno Valle en la designación de los candidatos en el PAN, resultaron hasta una obviedad entre algunos liderazgos de ese partido.     

Dicen que el Comité Ejecutivo Nacional dará el debido peso al mandatario estatal fundado en un temor, el de no recibir el crucial apoyo en la campaña del próximo año, en caso de que no sean incluidas sus cartas.     

Hasta el próximo miércoles

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Desbandada en el CCPEP

    No lo platique todavía, pero resulta que al interior del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP) se fragua una escisión, una fractura, un rompimiento, pues, producto de las diferencias entre los dos grupos que se enfrentaron en noviembre pasado y que derivó en el triunfo de Jerónimo Omaña de la Cuadra en la presidencia de ese organismo.       

De acuerdo a fuentes consultadas por este reportero, al menos un centenar de los 500 socios están decididos a salir del colegio y formar un grupo alterno frente a lo que consideran un agandalle de las cuentas públicas de los municipios hacia los allegados de Jerónimo Omaña, quien a  su vez responde a los intereses del Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana.    

La posición de Omaña de la Cuadra es vista como uno de los reductos del marinismo y un grupo de contadores ha comenzado a cabildear la conformación de una nueva asociación de profesionistas de ese ramo para congraciarse con el grupo en el poder, del que esperan tome las riendas del Órgano de Fiscalización Superior.       

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En una osada declaración concedida el lunes al reportero Cirilo Calderón, Blas Villegas Lara, ex titular del Consejo Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, justificó que todos los que están en la vida pública “tenemos alguna observación y comentario”, que los procedimientos que le detalle el miércoles pasado tienen más de dos años y que un marinista estaría detrás de las filtraciones.     

Las nimiedades  que quiere aparentar el ex titular de  la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) en realidad tienen que ver con clonación de facturas, proveedores que nunca pudieron ser localizados, desmentido de otros presuntos proveedores sobre tratos comerciales con el gobierno e incluso la puntada de elaborar contratos apócrifos para justificar las facturas.        

Este reportero tiene copia, por ejemplo, de un contrato “hechizo” para la compra de 211 llantas por 273 mil 480.24 pesos a un proveedor, del que ya le platiqué en la entrega pasada, Marco Antonio Martín Garzón Miranda, quien es un abarrotero de Tehuacán y negó algún trato comercial.  Eso ¿es un error de lápiz? No lo creo.         

También cuenta con las copias de las pólizas cheque que la perito en grafoscopía Claudia Esmeralda Sánchez Porras infiere contienen firmas elaboradas por el propio Blas Villegas, es decir que se pagó a sí mismo.    

En la revisión 15/ 2009, expediente Administrativo 12/2010 quedó asentado que “se cuenta con un dictamen” de la citada perito “según consta en expediente administrativo R.L.G.de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Servicios Periciales Departamento de Grafoscopía y documentos copia V. quien manifiesta Primero.- Las firmas estampadas en dos pólizas cheque números 000397 y 000398 en los apartados de firma de cheque recibido presuntamente pudieran provenir de puño y letra del c. Blas Villegas Lara…”        

En efecto, la investigación tiene más de dos años y es por ello que la Contraloría estatal debería emitir ya una resolución.  

Y lo que le mostré la semana pasada en este espacio corresponde a una auditoría realizada meticulosamente que no se merecería un carpetazo.

De los marinistas que estén detrás de la información que le presenté, lo dudo, pero quienes lo metieron en este embrollo está claro que son dos: el ex contralor Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien de manera atípica permitió esta investigación y Javier García Ramírez por un presunto distanciamiento porque Blas Villegas habría alimentado sus arcas personales sin pedirle permiso o mocharse.   

En la Secretaría General de Gobierno aseguran que habrá sanciones para marinistas, no saben cuántos ni de qué niveles pues el pacto de impunidad para los ex funcionarios no es tal. Habremos de esperar a ver si son efectivas para este ex servidor público. 

La austeridad republicana llegó a la estructura de Comunicación Social del Gobierno del Estado donde comenzaron a surgir discretas muestras de inconformidad frente al obligado apriete de cinturón.

Resulta que desde la quincena pasada y sin previo aviso, algunos trabajadores de las áreas de enlace, ignoro si es generalizado, observaron en sus recibos de pago una disminución salarial de entre el 25 y el 30 por ciento.

Cuentan que en la oficina que encabeza Sergio Ramírez Robles también hubo sorpresa y que el comentario a quienes se quejaron del tema fue que aguanten a la renovación del contrato para el próximo año.  

Servidos.

Le espero aquí el miércoles próximo.

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¿Y Blas Villegas cuándo?

Por Salvador Ríos

Clonación de facturas, proveedores fantasma, declaraciones de los existentes ante la Secretaría de Finanzas que niegan la relación comercial con el gobierno estatal así como el dictamen de una perito en grafoscopía de la Procuraduría General de Justicia que lo incriminan, son sólo algunas de la pruebas que se encuentran perfectamente documentadas en los cuatro procedimientos levantado en contra de Blas Villegas Lara cuando era titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue).        

Factura apócrifa

Los procedimientos iniciaron en julio de 2010, corresponden al ejercicio octubre 2007 a agosto 2009  y a pesar de que las irregularidades, que implicaron un daño patrimonial inicial por 7 millones 546  mil 657 pesos, están debidamente soportadas, es la fecha en que la Contraloría estatal, a cargo de Patricia Leal Islas, no resuelve.

Este reportero tuvo acceso a los cuatro expedientes administrativos de  la Contraloría donde quedan evidenciados los detalles del caso que en su momento han comentado los periodistas Rodolfo Ruiz y Alejandro Rodríguez. 

Antes le comento que en la propia Contraloría hay quienes ven con “sospechosismo” el desinterés por resolver el asunto y traducirlo en denuncias penales contra Blas Villegas y sus subalternos.   

Dicen que la delegada de la Contraloría en la Secretaría de Infraestructura, Luz del Carmen Morales Aguilera, se ha dejado envolver por el Subdelegado, Luis Alberto Aparicio de la Luz, quien logró sobrevivir a la pasada administración y mejoró pues era jefe de departamento. Extrañamente, dicen, es él quien tiene las riendas de la dependencia  y no mueve un dedo por apresurar el procedimiento, lo que les da a pensar en algún interés de proteger al ex titular del Ceaspue.     

Ahora sí revisemos las linduras que hizo Blas Villegas.    

En la revisión 12/2009, número de expediente administrativo 11/2010, cuyo rubro es Parque Vehicular se da cuenta de un monto no solventado por 944 mil 614 pesos.  

Las observaciones tienen que ver con el pago en exceso de 724 mil 452 pesos por la compra de equipo del sistema portátil para video de pozos; incluye la compra de una camioneta al proveedor Orbe Ambiental S.A. de C.V. según las facturas 007 y 019 de fechas 5 de agosto de 2009 y 12 de mayo del 2009 por $656 mil 973.50 pesos cada una.   

Tampoco se aclaró el destino de 152 llantas por la cantidad de 205 mil 442 pesos y sobre la supuesta compra de otras 211 por un monto de 273 mil 480.24 pesos resulta que se pretendió justificar con una factura, póliza cheque y contratos apócrifos del proveedor Marco Antonio Martín Garzón Miranda quien en realidad es empresario abarrotero.

La factura falsa es la 317 de fecha 3 de diciembre de 2008 pues el supuesto proveedor dijo por escrito que la real corresponde a la del 8 de febrero de 2009 por un importe de 16 mil 613.60 pesos expedida al municipio de Tehuacán.      

Vamos ahora a la revisión 07/2009, expediente 10/2010 por el rubro de adquisición de bienes y servicios: el ejercicio revisado va del 1 de octubre de 2008 al 31 de marzo de 2009 donde el monto no solventado asciende a los 4 millones 708 mil 605.  

La mayor observación, por 4 millones 559 mil 858 pesos es por concepto de consumibles, papelería y copias no efectuadas y soportada en algunos casos con documentación apócrifa de proveedores quienes al no deberla dirigieron escritos a la Secretaría de Finanzas.

Marco Antonio Martín Garzón, el mismo que le mencioné en la revisión anterior, manifestó “Niego haber tenido operciones comerciales con el Gobierno del Estado de Puebla y la factura 307 fue facturada al municipio de Tehuacán Puebla con fecha 15-01-2009, por un importe de $17,980.00 por concepto de abarrotes y no de consumibles de equipo de cómputo por $69,584.95 de fecha 19-11-2008 anexo copia de la factura expedida al municipio de Tehuacán”.

Otro caso es el del propietario de Papelería Goya, Gregorio Espinosa Morales, quien manifestó nula relación comercial por la cual se hubiera tenido la obligación de emitir las facturas 045, 053 y 069 “por $60, 306.00, $50,048 .00 y $84,868.85 respectivamente, no existen estos folios requeridos toda vez que el tiraje inicial fue del folio 301 al 600”.

Jorge Moreno García de Imprenta MG también refutó “niego totalmente haber tenido relación comercial con el Gobierno del Estado, respecto a las facturas 697 y 705 por $238,518.00 y 423,000.00 de fechas 29-10-08 y 11-11-08 respectivamente, le informo que el último tiraje autorizado fue del folio 501 al 600, por lo que los folios requeridos no existen”.

Rodolfo Eduardo Pérez Hernández, en el mismo sentido dijo “no tuve ningún tipo de relación comercial por lo que niego totalmente haber tenido relación comercial con el Gobierno del Estado de Puebla respecto a las facturas 177,188 y 189 por $18,400.00, $79.520.00 y $80,000.00 respectivamente, se encuentran canceladas”.

Todos los anteriores, con copias de las pólizas de cheques de la cuenta del Banco Santander 65-50214673-7 que supuestamente amparan los pagos.    

A esto hay que sumarle una lista de proveedores “no localizados” por la Secretaría de Finanzas: 

Jorge Guerrero López supuestamente expidió la factura no. 557 el 31 de diciembre de 2008 por la cantidad de 110 mil 367 pesos por concepto de papelería. Bulkwar de México S.A. de C.V la factura no. 526 el 17 de diciembre de 2008 por un importe de $920, 190.23 por concepto de consumibles de equipo de cómputo.

Enrique Hallat Chazaro presuntamente expidió las facturas números 979 de fecha 3 de noviembre de 2008 por 34 mil 760 pesos y 992 de fecha 19 de noviembre de 2008, por 116 mil 760 pesos por concepto de: instalación de equipo para presidium y material de apoyo informático.

Según esto, también Abinse de Puebla S.A. de C.V expidió la factura 774 de fecha 18 de noviembre de 2008 por 199 mil 520 por concepto de material didáctico y de difusión, lonas y publicidad  pero tampoco se encontró el domicilio de la empresa.

Luego vienen las facturas de dudosa procedencia, una de ellas, la 1607, por 59 mil 138.75 la cual  fe expedida pro Vania Liliana Bassoul Maza pero a Megacable Comunicaciones pero sólo por 320.85 pesos y otra más por una factura por la compra de 100 software Karpersky por parte del proveedor Magali Cruces López por 89 mil 608 pesos, sin que se haya recibido el producto.  

Por lo que respecta a la revisión 16/2009, expediente 13/2010, rubro mantenimiento de bienes muebles, se establece que el monto no solventado entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2009 es de 736 mil 531.52 pesos. Igualmente el proveedor  Juan Gabriel Morles Ordáz negó ante hacienda haber facturado $435 mil 800.75 pesos por mantenimiento de vehículos o por  cualquier otra operación. “con respecto a las facturas 730, 749,851, 855, 860 y 870 no fueron expedidas y se encuentra canceladas por caducidad”, expresó ante Finanazas el 22 de junio de 2010. 

Una de las pólizas que habría firmado Blas Villegas según
la perito Claudia Esmeralda Sánchez  

Finalmente, la revisión 15/2009, expediente 12/2010 del rubro aplicación de los programas federales Apaszu y Prossapys del 1 de diciembre de 2008 al 28 de febrero de 2009 arrojó un monto no solventado de 1 millón 377 mil 068.78 pesos. De estos no se demostró documentalmente el destino, entrega y aplicación de 15 mil 5588 vales de gasolina por un monto de un millón 293 mil 385.78 pesos adquiridos al proveedor Morpar S. A. de C.V.

En la observación dos figura nuevamente Juan Gabriel Morales quien vuelve a negar la emisión de facturas por mantenimiento de vehículos por 83 mil 683.78, 65 mil 824.28 pesos y 17 mil 859.50 pesos.    

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El delegado de la procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Federico González Magaña, instruyó a su subdelegado jurídico, Hugo Morales Jiménez, para iniciar una investigación administrativa y en su caso penal, en contra de quien o quienes hayan filtrado los documentos que le presenté la semana pasada en este medio.

Al interior de la dependencia, la versión es que los expedientes fueron alterados y mezclados originales con apócrifos, pero por algún abogado afectado en sus intereses particulares pues el delegado en efecto ha optado por aplicar las multas más bajas en los casos donde la infracción esté relacionada con la falta de un documento o evaluando las condiciones socioeconómicas o de intencionalidad del infractor.  La multa a Casas Geo no estaría dentro de este criterio pues se le sancionó con 299 mil 100 pesos.       

Hasta el miércoles.

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