La semana pasada le platiqué de
un caso de maltrato laboral presuntamente protagonizado por la juez municipal de Ciudad Serdán, Guadalupe Violeta Guerrero Irigoyen,
en contra de su subordinada Erika
Brenes Juárez, una estudiante de Derecho que
pasaba por la quinta o sexta semana de embarazo y que derivado de tales
agravios perdió a su producto y cuya queja fue notificada, mediante escrito, al
titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Roberto Flores Toledano.
En esta instancia, lo que ha
predominado es un absoluto silencio sobre el caso a tal grado que se desconozca
si en efecto se inició una investigación por la presunta falta
administrativa.
Se supone que será hasta el
viernes próximo cuando a la agraviada se le informe el curso de la queja que
mediante un tercero ingresó al tribunal el pasado martes 24 de junio pues se
entiende que falta la firma de Flores Toledano para darle ingreso.
Ayer mismo la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) turnó la queja derivada del
expediente 6801/2014-I al propio tribunal para su conocimiento e intervención
en el caso, puesto que el organismo no es competente para conocer sobre quejas
relacionadas con el poder judicial.
La semana pasada le
comenté que originalmente Erika Brenes hizo una llamada telefónica para dar
parte a la CDH de lo ocurrido pero ante su incapacidad física y económica para
ratificar la denuncia de manera personal en las oficinas de Puebla le habían
dicho que tenía que volver a iniciar el trámite.
Dos días después de lo
publicado por éste reportero, la CDH reconsideró y le permitió a la quejosa
ampliar su queja vía telefónica y un día después una visitadora del organismo
se constituyó en Ciudad Serdán para la debida ratificación pero al comprobarse
que se trataba de una juez dependiente del Poder Judicial del Estado se le dijo
que sería canalizado el tema a ese poder.
“El 27 de junio de 2014, una visitadora
del organismo se constituyó en el municipio de Chalchicomula de Sesma,
entrevistándose con la quejosa quien de forma personal expresó los hechos
constitutivos de la queja, ratificó la misma y se pudo determinar que la Juez
Municipal involucrada en los hechos forma parte del Poder Judicial del Estado,
por lo que se le comunicó que su queja sería remitida al Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Puebla para su conocimiento e intervención, ya que por
ley, la CDH Puebla, no puede conocer de quejas en contra de autoridades del
poder judicial del estado, manifestando su conformidad”, establece una ficha
técnica de la CDH.
Ahora bien, por lo que respecta
a la liquidación que a la fecha no le entregó el ayuntamiento de Ciudad Serdán
a Brenes Juárez tras su despido, será éste viernes
4 de julio, a las 10:45 horas, cuando se realice una audiencia conciliatoria
derivada de la queja 3044/14.
El monto que la administración
del edil Juan Navarro Rodríguez le debe, ronda entre los 5 mil y 6 mil
pesos.
***
El
accidentado proceso para reintegrar los servicios del registro civil a las
juntas auxiliares y municipios, suspendidos desde el 15 de mayo pasado,
derivado de reformas a la Ley Orgánica Municipal, sigue generando molestias e
inconformidades.
Para
aclarar el problema, al que la Secretaría General de Gobierno no puede o quiere
entrarle, basta una frase, dicha al reportero por un funcionario del municipio
de Puebla, que es contundente “le puedes quitar al presidente auxiliar la
facultad que quieras pero no el servicio a la gente”.
Y a mes
y medio, es la hora en que el servicio para trámites de actas de nacimiento,
bodas o defunciones no tiene fecha para que se normalice en toda la entidad
poblana.
Twitter:
@elsalvadorrios
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