A mi Ale, files ha natal
Las actuaciones del delegado en Puebla de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Federico González Magaña, dejan mucho que pensar a la hora de escuchar lo que se dice en los corrillos de su dependencia y cotejar con tres expedientes, cuya copia tiene el reportero, presuntas negligencias, alteraciones y errores sobre sanciones que en teoría, deberían ser ejemplo en contra de aquellas instancias que atentan contra el medio ambiente. Y no. Los expedientes que le turnó su subdelegado jurídico, Hugo Morales Jiménez, hacen evidente, cuando menos y para no ser mal pensados, el descuido del ex consejero del IFE, al momento de firmar, por no observar irregularidades básicas para un funcionario de su experiencia y cargo.
En la nota periodística publicada en El Sol de Puebla en la edición de este miercoles 28 de septiembre le puntualizo tres casos:
Uno donde la firma Geo Puebla S.A de C.V. se hace acreedora a una sanción de 299 mil 100 pesos, según notificó el propio Federico González al Sistema de Atención Tributaria, mediante oficio PFPA/27.5/2c/2970, pero que “erróneamente” en el expediente la multa es de 23 mil, 928 pesos. La inconsistencia le da pauta a la constructora a inconformarse.
Otro, relacionado con Silvestre Amozoc Analco, propietario del vivero Multiflor, quien, al no acreditar la legal procedencia de 16 ejemplares de flora silvestre, en el apartado del considerando “se impone una sanción pecuniaria (…) consistente en una multa equivalente a 300 días de salario mínimo”, pero ¿qué creé? en la resolución de ese mismo expediente, el PFPA/27.3/2C.27.3/0034_10/114, el criterio se reduce a 20 días, es decir, de $17 mil 940.00 pasó a $1 mil 196.04.
Un expediente en contra del Ayuntamiento de Atempan, completa la terna; en este caso juega un papel relevante una ficha del Sistema de Información Institucional de Profepa, la que el reportero pudo observar, donde se capturaron las irregularidades cometidas durante el inicio del proyecto de construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario en las localidades de Animazco y Huexoteno.
El sistema arrojó una multa acumulada de $119 mil 640 pesos atribuible a omisiones de la pasada administración en ese municipio y a pesar de que la autoridad desatendió en todo momento las recomendaciones o presentación de pruebas en su defensa, a menos de un año de distancia (de junio de 2010 a mayo de 2011), cuando el nuevo gobierno municipal es panista, se resuelve que la sanción quedó en $8 mil 973 pesotes.
De comprobarse estas irregularidades, por tratarse de derechos difusos, bastaría que cualquier ciudadano presentara la denuncia correspondiente por presuntos delitos cometidos en la administración y procuración de justicia y otros ramos del poder.
Al interior de la Profepa juran que las irregularidades son mayores por lo que esperan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones pertinentes para deslindar las responsabilidades en caso de existir una anomalía pues resulta poco creíble que no exista conocimiento del tema entre el personal del área jurídica.
Y en estos ámbitos, aplica aquel proverbio de que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata.
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La próxima semana le tendré una radiografía de cómo se las gastó un funcionario de la pasada administración estatal para “comprobar” sus recursos; la historia no es nueva pero los detalles no tienen desperdicio.
Nos leemos el próximo miércoles.
Sus comentarios y quejas a salvadorrios@hotmail.com
En twitter @elsalvadorrios
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