Por Salvador Ríos
Si los trabajadores del gobierno estatal se quejan por la falta de liquidez del patrón, que derivó en el desfase en la fecha para el pago de la segunda parte de su aguinaldo, estos deberían de voltear a ver lo que ocurre en el agonizante apéndice gubernamental, llamado Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ahí sí que los problemas financieros se quedaron cortos con la revelación del 5 de enero pasado de su dirigente, Juan Carlos Lastiri Quiroz, de que no tenían para pagarles el aguinaldo a sus colaboradores.
La verdad es que no tienen dinero ni para ponerse al corriente con algunos empleados de intendencia, operativos, de giras y eventos, una treintena en total, a quienes les deben entre cinco y seis quincenas.
Imagine usted la situación de estas personas que perciben quincenalmente entre 2 mil y 2 mil 500 pesos, quienes desde el mes de noviembre dejaron de recibir ese apoyo, sí, apoyo, porque no están considerados como trabajadores y de las prestaciones de ley, mejor ni hablamos.
Un caso que derramó la gota del vaso entre los afectados es el del militante René Alejandro Escalona, quien encabeza la asociación Identidad XXI a quien aseguran, le deben casi medio año de salario.
Lo gravoso del caso no es en sí la falta de pago, más bien que éste fue hospitalizado de urgencia el pasado 6 de enero en el Hospital de Médicos Militares ubicado sobre la 24 sur, donde permaneció hasta el sábado pasado y cuya cuenta de atención fue de 10 mil 683.05 pesos.
Los familiares buscaron a Lastiri para que les facilitara el salario pendiente pues tenían que pagar la cuenta en el nosocomio, pero la respuesta del dirigente habría sido negativa pues sería hasta el 4 de febrero cuando se dispondría de algo de efectivo para saldar parcialmente los pendientes.
El malestar es tan grande que aquellos que sirvieron fielmente como acarreadores y acarreados a los mítines políticos durante la campaña pasada pretenden acudir al Congreso del Estado este sábado, durante la primera sesión de la nueva legislatura, para protestar por la falta de pago. Más aún, que si hay un evento del gobernador Mario Marín Torres, alusivo a su último informe de labores, irán a hacer patente su queja.
El coraje, entendible, de los priistas afectados les hace señalar al ex candidato Javier López Zavala por la debacle del tricolor a quién, en otras palabras, dicen que tiene muy pocas gónadas masculinas por haber sustraído de mala manera los recursos del erario.
Más quejas en
el ISSSTEP
Las más de 150 trabajadoras eventuales de enfermería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), no esperarán a que concluya este sexenio sin exhibir las irregularidades que existen al interior del organismo.
Después de agotar las instancias oficiales y sin la más mínima respuesta de sus directivos, este día harán públicas las violaciones a su Contrato Colectivo y Reglamento del Escalafón que en síntesis las ha privado del derecho a la estabilidad laboral.
Resulta que las enfermeras con seis, siete, ocho y hasta nueve años de antigüedad no ven para cuando les entregarán su base pues las plazas se entregan, quién lo diría, por recomendaciones, “palancas” y favoritismo de los directivos a quienes llevan menos tiempo.
Hay que aclara que las bases se han dado, como ocurrió en agosto pasado, con la apertura de la clínica hospital de Zacatlán, a trabajadores de intendencia, mantenimiento, alimentación, rayos X, pero en otros casos prefieren hacer las contrataciones por honorarios o como empleados de confianza.
De la queja, que no es nueva, tuvieron conocimiento Alfredo Arango, ahora titular de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, José Lauro Sánchez López, diputado local de la nueva legislatura y Ricardo Villa Issa, quien ahora ocupa el espacio por el que pasaron los anteriores en la dirección general del ISSSTE.
En 2009 se giró un oficio al ejecutivo estatal quien a su vez turnó una petición por escrito para que se revisara el caso y ante la negativa, el 15 de diciembre pasado se ingresó una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y nada pasó.
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Por cierto que el área de Difusión Social y Relaciones Públicas del ISSSTEP, emitió un comunicado impreciso e inexacto que no explica sobre la cancelación del servicio médico a familiares de trabajadores por honorarios a partir del 1 de enero, cuando su contrato vence el 31 del presente.
salvador_solpue@yahoo.com.mx
En twitter @elsalvadorrios
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