martes, 25 de enero de 2011

Que siempre no va de la Hera


Por Salvador Ríos



Pues que siempre no. Contrario a los pronósticos que daban como ganador a Juan Carlos de la Hera Bada de la notaría pública número uno, del distrito judicial de Tetela de Ocampo, una fuente digna de crédito me asegura que el designado será (o es) Isaí Gracida Martínez, pues las cosas se complicaron para el primero tras el examen que presentó de mejor manera el segundo durante la noche del sábado.  
Como los integrantes del Consejo del Colegio de Notarios y los representantes de Gobernación se vieron presionados ante la evidente superioridad en la destreza y fluidez de Gracida para responder a los cuestionamientos, para conceder al Consejero propietario del Instituto Electoral del Estado la patente, optaron por la vía del empate como para ganar tiempo en la determinación final. 
No obstante, las declaraciones de Arturo Díaz González, presidente del Consejo del Colegio de Notarios, a la reportera de este diario, Belén Cancino, apenas unos minutos después de concluido el examen  mostró su desconocimiento de la ley al asegurar que se haría una revisión exhaustiva a los exámenes oral y escrito de los dos aspirantes para tomar una determinación.
Valentín Meneses, secretario de Gobernación, abonó al enrarecido proceso al dar como alternativa la aplicación de un segundo examen cuando, la Ley del Notariado es muy clara al respecto y fue el propio Isaí Gracida quien se encargó de subrayar la inconsistencia legal de ambos planteamientos.         
“Concluido y calificado el examen de todos los candidatos, será declarado triunfador el que resulte con una mayor calificación. En caso de empate, el titular del Poder Ejecutivo del Estado elegirá al triunfador (…). La decisión del Titular del Poder Ejecutivo del Estado y del jurado es inimpugnable”, establece el Artículo 52 y así fue como se llegó a la determinación.
Gracida Martínez cuenta con 16 años de experiencia como notario suplente, uno de ellos lo hizo en la notaría de Huauchinango y los últimos 15 en Libres, además de nueve años más como auxiliar en la Notaría 31 de la Ciudad de Puebla.  

Curso para gastar dinero
público con fin privado 

En el Centro Iberoamericano de Posgrados Asociación Civil (Cipac) deben andar muy preocupados con el fin de la administración municipal de Blanca Alcalá Ruiz, la cual, me refiero a la administración, de manera directa o indirecta aportó recursos, económicos, humanos y materiales, mediante la contratación de cursos y diplomados para empleados de la administración o bien a través de vehículos oficiales, papelería y presuntos empleados municipales que en realidad prestaron o prestan sus servicios en la 47 poniente Número 1156 de la colonia Reforma Agua Azul, donde se ubica dicho centro.  
Me explico. 
Varias son las suspicacias que se generan por el vinculo del Cipac- Ayuntamiento y la más destacada es que Román Lazcano Fernández, sindico municipal, aparece como copropietario del inmueble y la citada institución.      
Juan Pablo Suárez, quien se ostenta como juez calificador de la administración municipal, en realidad tiene funciones para la coordinación de eventos académicos en el Cipac y por si fuera poco, quienes conocen de cerca el movimiento de la institución, aseguran que en varias ocasiones, los ponentes para determinados cursos eran trasladados de la Ciudad de México a Puebla en vehículos oficiales de la comuna.    
Otro caso es el de Edgar Parra Ratia, asesor de la Sindicatura Municipal y que ostenta un cargo directivo en el Cipac.  
Mayola Ocaña Martínez, asignada  como secretaria en el área de los juzgado calificador del Ayuntamiento, se encuentra como recepcionista en el Cipac; sólo basta preguntar ¿con quién tuve el gusto?, al teléfono 240 62 52 para que le reitere su nombre. Ella se encuentra de 9:00 de la mañana y puede estar hasta las 20:00 horas en su escritorio sin que alguien pueda responder en qué momento devenga su salario en el municipio.     
Entonces ¿o estas personas son omnipresentes y les pagan doble por tales funciones o trabajan en un solo lugar a costa del erario?. 
Los propios trabajadores del Cipac fueron testigos silenciosos de cómo papelería que se presume municipal llegó al inmueble de Reforma Agua Azul en un Chevy y en un Pointer, ambos con rótulos oficiales de la Comuna, los cuales también eran ocupados para promocionar los rentables cursos en otras ciudades, fuera del estado.       
Y de la utilización del Cipac como centro de operaciones y logística en tiempos de campaña, para repartir propaganda, convocar por las buenas a la burocracia, apoyar al fallido candidato a la alcaldía Edgar Chumacero, mejor ni hablamos.

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El ex diputado federal panista, Guillermo Velázquez González, encontró cabida en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas pues se ve como el virtual sucesor de Víctor Gabriel Chedrahui, al frente del Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla (IAPEP).   

Sus comentarios a salvador_solpue@yahoo.com.mx


martes, 11 de enero de 2011

Hay de atrasos salariales a atrasos salariales

Por Salvador Ríos
Si los trabajadores del gobierno estatal se quejan por la falta de liquidez del patrón, que derivó en el desfase en la fecha para el pago de la segunda parte de su aguinaldo, estos deberían de voltear a ver lo que ocurre en el agonizante apéndice gubernamental, llamado Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ahí sí que los problemas financieros se quedaron cortos con la revelación del 5 de enero pasado  de su dirigente, Juan Carlos Lastiri Quiroz, de que no tenían para pagarles el aguinaldo a sus colaboradores.  
La verdad es que no tienen dinero ni para ponerse al corriente con algunos empleados de intendencia, operativos, de giras y eventos, una treintena en total, a quienes les deben entre cinco y seis quincenas.
Imagine usted la situación de estas personas que perciben quincenalmente entre 2 mil y 2 mil 500 pesos, quienes desde el mes de noviembre dejaron de recibir ese apoyo, sí, apoyo, porque no están considerados como trabajadores y de las prestaciones de ley, mejor ni hablamos.   
Un caso que derramó la gota del vaso entre los afectados es el del militante René Alejandro Escalona, quien encabeza la asociación Identidad XXI a quien aseguran, le deben casi medio año de salario.
Lo gravoso del caso no es en sí la falta de pago, más bien que éste fue hospitalizado de urgencia el pasado 6 de enero en el Hospital de Médicos Militares ubicado sobre la 24 sur, donde permaneció hasta el sábado pasado y cuya cuenta de atención fue de 10 mil 683.05  pesos.      
Los familiares buscaron a Lastiri para que les facilitara el salario pendiente pues tenían que pagar la cuenta en el nosocomio, pero la respuesta del dirigente habría sido negativa pues sería hasta el 4 de febrero cuando se dispondría de algo de efectivo para saldar parcialmente los pendientes.       
El malestar es tan grande que aquellos que sirvieron fielmente como acarreadores y acarreados a los mítines políticos durante la campaña pasada pretenden acudir al Congreso del Estado este sábado, durante la primera sesión de la nueva legislatura, para protestar por la falta de pago. Más aún, que si hay un evento del gobernador Mario Marín Torres, alusivo a su último informe de labores, irán a hacer patente su queja.           
El coraje, entendible, de los priistas afectados les hace señalar al ex candidato Javier López Zavala por la debacle del tricolor a quién, en otras palabras, dicen que tiene muy pocas gónadas masculinas por haber sustraído de mala manera los recursos del erario.   

Más quejas en
el ISSSTEP
Las más de 150 trabajadoras eventuales de enfermería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), no esperarán a que concluya este sexenio sin exhibir las irregularidades que existen al interior del organismo.
Después de agotar las instancias oficiales y sin la más mínima respuesta de sus directivos, este día harán públicas las violaciones a su Contrato Colectivo y Reglamento del Escalafón que en síntesis las ha privado del derecho a la estabilidad laboral.        
Resulta que las enfermeras con seis, siete, ocho y hasta nueve años de antigüedad no ven para cuando les entregarán su base pues las plazas se entregan, quién lo diría, por recomendaciones, “palancas” y favoritismo de los directivos a quienes llevan menos tiempo.      
Hay que aclara que las bases se han dado, como ocurrió en agosto pasado, con la apertura de la clínica hospital de Zacatlán, a trabajadores de intendencia, mantenimiento, alimentación, rayos X, pero en otros casos prefieren hacer las contrataciones por honorarios o como empleados de confianza.  
De la queja, que no es nueva, tuvieron conocimiento Alfredo Arango, ahora titular de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, José Lauro Sánchez López, diputado local de la nueva legislatura y Ricardo Villa Issa, quien ahora ocupa el espacio por el que pasaron los anteriores en la dirección general del ISSSTE.      
En 2009  se giró un oficio al ejecutivo estatal quien a su vez turnó una petición por escrito para que se revisara el caso y ante la negativa, el 15 de diciembre pasado se ingresó una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y nada pasó.
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Por cierto que el área de Difusión Social y Relaciones Públicas del ISSSTEP, emitió un comunicado impreciso e inexacto que no explica sobre la cancelación del servicio médico a familiares de trabajadores por honorarios a partir del 1 de enero, cuando su contrato vence el 31 del presente.    

salvador_solpue@yahoo.com.mx
En twitter @elsalvadorrios