No lo cuente todavía pero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se aproxima la hora de ejecutar cambios, cambios que son impostergables y que involucran a personajes de primerísimo nivel; tan es así que uno de estos se perfilaba para ser rector interino en el escenario truncado de una candidatura al senado para Enrique Agüera Ibáñez.
Los movimientos, hay que decirlo, no dependen del capricho, ánimo o estrategia del rector sino más bien de lo que claramente marca la Ley y Estatuto Orgánico de la llamada máxima casa de estudios poblana. Lo que Agüera deberá definir, porque así está facultado, es la integración de los perfiles para conformar dos ternas, que someterá a votación ante el Consejo Universitario.
Aprovechando que los reflectores se orientan más hacia la política partidista, de la que temporalmente se desentendió, el rector puede barajar tranquilamente en estos días (si no es que ya los tiene) los nombres de quienes remplazarán a dos de sus alfiles: el tesorero José Alfonso Esparza Ortiz y el contralor Óscar Gilbón Rosete.
E insisto, no es que exista alguna desavenencia para con ambos funcionarios universitarios sino que simplemente sus encargos tienen fecha de caducidad: 23 de marzo de 2012. Tanto Esparza Ortiz como Gilbón Rosete fueron electos para sus respectivos cargos en la primera sesión extraordinaria del 23 de marzo de 2004, todavía en tiempos de Enrique Dóger Guerrero y cuando Agüera fungía como Secretario General de la institución.
El Estatuto Orgánico de la BUAP en sus artículos 93 y 97 estipula claramente que tanto el Contralor como el Tesorero General solo podrán “ocupar el cargo hasta por dos periodos de cuatro años consecutivos”.
Es decir que técnicamente a Esparza Ortiz y a Gilbón Rosete, les quedan 16 días en el puesto.
Además de desempeñarse como profesor en la Facultad de Contaduría, Alfonso Esparza fue Auditor – Contralor de 1997 al 2004 y al renunciar fue propuesto por Enrique Doger en la terna de aspirantes para la Tesorería, donde obtuvo 139 votos a favor, de los 144 computados. Desde entonces permanece en el cargo. Mientras que Óscar Gilbón ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos dentro de la universidad pero fue hasta ese marzo de 2004 que a propuesta de Dóger obtuvo la titularidad de la Contraloría, donde se mantiene hasta el día de hoy.
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Mención aparte merece la Abogada General, María Esther Gámez Rodríguez, quien también este año deberá abandonar su responsabilidad en la BUAP y es que el 22 julio concluye su periodo tras una década en ese puesto.
El Estatuto Orgánico, pero en su artículo 89, también establece que los periodos del Abogado General son de cuatro años, con opción a repetir solo por un periodo más, de manera consecutiva.
La encomienda de la Abogada General se ajusta a ese artículo pues su primer nombramiento se dio el 20 de marzo del 2002 y dos años después, el 23 de marzo de 2004, renunció (o la renunciaron) para dar paso a Lauro Castillo Sánchez quien quedó como encargado de despacho.
Pero este último renunció cuatro meses después y fue cuando Agüera Ibáñez decide invitar de nueva cuenta a Gámez Rodríguez para reincorporarse en la tarea de representar jurídicamente a la universidad; se cumplió con el protocolo y se presentó la debida terna de la que la abogada obtuvo 142 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.
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Si nos ponemos exigentes, otros dos de personajes que deberían de dejar sus encargos, pero por motivos distintos a los mencionados, son Pedro Hugo Hernández Tejeda y José Ramón Eguivar Cuenca, Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado y Secretario General, respectivamente. Ellos cumplen con los requisitos para jubilarse.
Hasta el próximo miércoles.
Twitter @elsalvadorrios
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