Si el priista Blas Villegas Lara, se sentía exonerado a partir del ‘tortuguismo’ que existe en la Secretaría de la Contraloría estatal para resolver sobre los cuatro procedimientos que se iniciaron en su contra desde julio de 2010, cuando era titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en el tema debe estarle preocupando.
Resulta que hace poco más de un mes, la dependencia federal solicitó a la contralora Patricia Leal Islas integrar los documentos presuntamente apócrifos contenidos en la revisión 07/2009, expediente 10/2010, correspondiente al rubro de Adquisición de Bienes y Servicios.
El delito: falsificación de documentos, castigado en el Código Penal Federal con prisión de entre 6 y 12 años, por tratarse de facturas, firmas, cheques y proveedores apócrifos, así como de un servidor público. Los recursos federales, considerados en el pliego de observaciones, alcanzan la cantidad de 4 millones 559 mil 858 pesos.
De este pliego y de otros tres que hay en su contra le comenté a detalle en este espacio el pasado 5 de octubre y para mayor referencia le ofrezco consultar http://salvadorrios.blogspot.com/2011/10/y-blas-villegas-cuando.html .
Ahí le conté a detalle sobre la clonación de facturas, testimonios asentados en expedientes sobre los presuntos proveedores que negaron a la Secretaría de Finanzas haber tenido cualquier relación comercial con el Gobierno del Estado, direcciones inexistentes o proveedores ilocalizables, así como el dictamen de una perito en grafoscopía de la Procuraduría General de Justicia que presume que Blas Villegas rubricó indebidamente cheques para poder cobrarlos.
Por supuesto que en esta travesura no está solo Villegas Lara. También se encuentran Víctor Agustín Pérez Morales, entonces subdirector de Planeación de la Ceaspue, quien firmaría los cheques irregulares, Sergio Bernardo Aguilar de Llano, ex director Administrativo, César Abraham Rodríguez López, ex jefe de región de la Dirección de Apoyo, Benjamín Vérea Domínguez, ex director Jurídico, ex encargado de despacio de la comisión a la salida de Villegas y por si fueras poco, compadre del actual Subdelegado, Luis Alberto Aparicio de la Luz, quien se supone es el encargado de poner trabas para que este asunto no alcance la debida sanción administrativa.
Una muestra de lo que éste último hizo es que dos abogados que daban seguimiento al tema fueron despedidos, el puesto de representante jurídico quedó vacante mientras que el delicado tema quedó a cargo de una secretaria de nombre Karla García, nomás para que vea el interés por resolver el tema.
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Ayer, por fin, la contralora Patricia Leal aceptó lo que se venía ventilando desde tiempo atrás, una serie de investigaciones en contra del otrora marinsita Blas Villegas, pero ni un detalle más.
Lo cierto es que son poco visibles los avances e inexplicable a estas alturas que no se haya dado un fallo definitivo, ante la contundencia de las pruebas, en contra del ex servidor público.
Más aún que entre los trabajadores de la delegación de la Contraloría, adscrita a la Secretaría de Infraestructura, causó sorpresa que a pesar de la nula efectividad de la que fuera delegada, Luz del Carmen Morales Aguilera, en lugar de despedirla, fue cambiada a la delegación de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial, donde la carga de trabajo es menor y el sueldo igual.
Hasta el miércoles próximo.
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