La
mañana de ayer la diputada local Ana
María Jiménez se aventó la puntada de anunciar que propondrá un Código de
Ética para que los diputados, en pocas palabras, sufran una suerte de exorcismo
y actúen contrario al cliché del legislador que cualquier ciudadano tiene.
Cuántos
de los 41 legisladores en su sano juicio se aventarían a aprobar algo llamado
“Ética de la actividad Legislativa” que de acuerdo a la iniciativa está “sustentada en los valores
públicos como el bien común; la honestidad; la integridad; la objetividad; la
responsabilidad; la justicia; la igualdad; la transparencia; la seguridad; la libertad; el diálogo; el respeto;
y la solidaridad”.
El tema, no lo dude, no llegará muy lejos y en el hipotético
demagógico de que se aprobara, difícilmente será una realidad.
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En lo
que va del año, los 41 diputados del Congreso del Estado han recibido, cada
uno, entre 800 mil y 850 mil pesos por el famoso Apoyo Parlamentario y están a
la espera de que para el mes de diciembre, probablemente mediante una
ampliación presupuestal, logren los 100 mil o 150 mil pesos que complete su
nada despreciable millón de pesos del que disque se invierten.
Pocos,
realmente pocos, son los que entregan ante la Dirección Administrativa del
congreso, los comprobantes que acreditan fehacientemente el destino de los
recursos, como listado de beneficiarios, acuses de recibido, facturas, cartas
de agradecimiento, fotos o cualquier otro soporte que ayude a constatar el
destino del dinero.
Hay que
decir que en un primer momento, los legisladores supusieron que debían ir
comprobando cómo se iba gastando el recurso pero poco a poco, a falta de
normatividad, el tema se ha relajado a tal grado de que hay diputados que se
limitan a firmar de recibido su cheque.
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Algo que
no ha quedado muy claro entre el proceso de entrega recepción, si es que lo
hubo, entre Fernando Morales Martínez y Pablo Fernández del Campo del Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el
referente al estado financiero que guarda ese instituto.
El nuevo
delegado presidente deberá explicar si algo de los millonarios recursos que se
obtuvieron por el “Curso Propedéutico de Capacitación Ideológica” organizado
por su antecesor quedaron en caja o por el contrario se fundan las sospechas de
que se trató de una suerte de liquidación que se construyó el hijo del ex gobernador
Melquiades Morales Flores.
Durante
su última conferencia de prensa, Morales Martínez evitó precisar el número de
militantes que acudió a dicho curso y mucho menos transparentó la cantidad
económica alcanzada por ese timo y es que refirió que esa información es
“confidencial”.
A decir
de un personaje que siguió de cerca el proceso de inscripción de aquellos que
se sienten con virtudes para ser candidatos a presidentes municipales, en su
mayoría, y otros más a diputados, la bolsa obtenida en ese curso sería
fácilmente superior a los 7 millones de pesos.
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En la
comunidad universitaria de la UPAEP no calló tan de sorpresa el anuncio que
hiciera su rector, Alfredo Miranda López,
de renunciar a su rectorado de 3 años y adelantar uno su salida hacia el 31 de
julio del 2013.
El
rector será recordado más por la polémica desatada por el cambio del logotipo
(o imagotipo) de la institución a pesar del rechazo de la comunidad
estudiantil, por el fracaso de un campus en Yucatán o por el reciente cierre de
la licenciatura en Periodismo más que por sus habilidades en administración,
dirección y desarrollo organizacional.
Hasta el
próximo miércoles.
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@elsalvadorrios
