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martes, 25 de septiembre de 2012

Tiradores y tirados en el IEE



A mi Ale, por estos 5 años de matrimonio


Con sus declaraciones de ayer, el  presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,  Edgar Salomón Escorza, definió la ruta por la cual se conducirá el proceso de renovación parcial del Instituto Electoral del Estado, con lo que cobra fuerza la hipótesis de que cuatro de los ocho consejeros en activo serán ratificados en el cargo, en función de sus “resultados”.      
De acuerdo a este escenario, Jorge Sánchez Morales, quien tiene el membrete Consejero Presidente, sería uno de los que ya no repetirían en el instituto bajo el entendido, como se lo planté el pasado miércoles 29 de agosto, de que logró congraciarse con quien palomeará o palomeó a los perfiles al conducir todo el trámite para que Compromiso por Puebla se convirtiera en partido político.              
Y que por tanto sería reacomodado en el lugar que deje vacante el magistrado Reynaldo Lazcano Fernández quien cumplirá dos periodos completos de seis años en el Tribunal Electoral del Estado (TEE) a partir del próximo 30 de noviembre.
Otros de los consejeros descartados para repetir serían Fidencio Aguilar Víquez, Juan Carlos de la Hera Bada y José Joel Paredes Olguín.    
Por el contrario, quienes encuadran en el concepto de haber dado buenos resultados están Alicia Olga Lazcano Ponce y Paul Monterrosas Román, ambos por su papel determinante, una más que el otro en el tema de la redistritación electoral.    
Los priistas no verán con desagrado que la consejera Rosalba Velázquez Peñarrieta repita en la encomienda, como una suerte de agradecimiento porque tuvo en sus manos la aprobación de las cuentas de ese partido y por tanto figura como una de sus cuotas.      
El cuarteto estaría completado con Víctor Rodríguez Serrano, también apoyado por el PRI.    
Pero no dude que la mayoría levante la mano para el proceso de renovación. 
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Por el lado de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, hay cuatro consejeros que, aseguran, han expresado su interés de ser tomados en cuenta para la convocatoria que en breve emitirá el Congreso del Estado.  
Sus nombres:  Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, Luz María Rincón Toledo, Alfredo Domínguez Buenfíl y Sergio Cházaro Flores, aunque este último con pocas posibilidades, ante sus críticas al inquilino de Casa Puebla durante el pasado proceso electoral federal.  
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Por lo que corresponde al Tribunal Electoral del Estado (TEE) también pudiera entenderse que la convocatoria estará elaborada en función de “resultados” y muy concretamente de la resolución que se dé en unos quince días sobre el proceso de impugnación que interpuso el Partido Acción Nacional por la creación del partido estatal Compromiso por Puebla (CPP).   
El ponente del caso es el magistrado presidente, Antonio Oropeza Barbosa, y aunque no se espera una sorpresiva resolución a favor de los azules, su veredicto estaría ligado a su ratificación por otro periodo de seis años.     
Oropeza, hay que decirlo, no ha declarado que pretenda repetir en el cargo pues se entiende que está a la espera de los términos de la convocatoria que emitan los legisladores y mientras tanto afina el sentido de los cinco asuntos jurisdiccionales que están pendientes para concluir su ciclo para el 30 de noviembre.  
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Entre la maleza de enemistades que ha cultivado el presidente interino del Comité Directivo Estatal del PRI, Fernando Morales Martínez, hay que apuntar a la fracción de regidores de ese partido, a la  que nunca ha recibido el susodicho a pesar de varias peticiones; la intención era sostener un encuentro cada 30 o 45 días para reportarle de los temas municipales pero nunca le interesó.           
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Y hasta el próximo miércoles. 
Twitter @elsalvadorrios

martes, 19 de abril de 2011

Opacidad… otra vez, en el IEE



Usted dirá ¿y cuál es la nota? Y en efecto, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, mantiene la misma actitud de opacidad que en ejercicios anteriores, a la hora de presentar sus informes financieros. Hoy en la sesión del organismo y en asuntos generales presentará el correspondiente a 2010, año en el que se eligieron gobernador, alcaldes y diputados locales.            
El reporte está sellado por la opacidad y si no cómo se explica que cuando en anteriores ocasiones los consejeros tenían la oportunidad de conocer las cifras en mesas de trabajo, ayer, súbitamente, al concluir una de ellas, a cada integrante del Consejo General se le entregó un informe condensado como para que no tuvieran tiempo de analizar  a fondo el documento.
Las dudas saltan a la vista en cada uno de los capítulos que conforman este informe y del cual Sánchez Morales, debiera, insisto, debiera, dar una respuesta puntual.
Por ejemplo en el Capítulo 1000 se hace referencia a la erogación de 58 millones 572 mil 90.46 pesos en la contratación de personal, es decir más de la mitad de los 109 millones 735 mil 195.61 del presupuesto total de este apartado, pero nunca se establece el qué áreas, en qué periodos, cuánto para el órgano central o cuánto más para los transitorios.         
Lo mismo ocurre en el Capítulo 2000, en el que se informa de un gasto de 13 millones 280 mil 440.81 pesos, de los cuales 3 millones 64 mil 407 pesos fueron para gasolina, aunque tampoco se justifica o detalla sobre las áreas que más combustible requirieron. En la partida de alimentos se menciona un gasto de 2 millones 564 mil 534 pesos, pero no se da una especificación detallada ni de cómo el monto encuadra con el tabulador de 40 pesos al día por persona.
En similares términos se enuncia la compra de vestuario y uniformes por 670 mil pesos ya que nunca se aclara como cuáles y a quien se le dieron.       
Por lo que corresponde al Capítulo 3000, el más espinoso de todos, valdría la pena que de una vez por todas se justificara presupuestal y administrativamente el porqué se optó por las propuestas más caras. Por ejemplo, la empresa que administró el PREP cobró 22 millones 504 mil pesos cuando, recordará, había opciones más económicas y el presupuesto inicial era de 6 millones 800 mil pesos. El material electoral también fue el más costoso del abanico de posibilidades. 
El arrendamiento de edificios por 6 millones 929 mil 965 pesos carece de un listado de inmuebles rentados y la temporalidad de estos, por mencionar otro ejemplo.        
Seguramente mañana, los consejeros que no son paleros de Jorge Sánchez cuestionarán estos y otros puntos y la respuesta del consejero presidente brillará por su ausencia.    

La “abogada” estafadora
Si usted es funcionario de la Secretaría de Educación Pública o  es un médico que cuenta con un consultorio privado, tenga cuidado con una mujer que se anda valiendo de la buena voluntad de sus víctimas para estafarlos bajo el supuesto de que organizará actividades caritativas o que requiere de un padrino para completar el trámite de una tesis de maestría.
El modus operandi de la supuesta abogada es tan similar, que al menos seis de los timados, conocidos entre sí, ya descubrieron a esta profesional de la estafa.   
La fémina se hace llamar, invariablemente, Guadalupe Hernández García, dice que trabaja en un juzgado de Cholula y que está realizando una colecta para llevar a niños de un orfanato un modesto desayuno con motivo del día del niño. Tamales, atole y gelatinas el menú,  que lo importante es convivir.
Quienes han caído en la trampa han desembolsado desde 600 hasta mil 200 pesos envueltos por  la seguridad discursiva y porte de la “licenciada”, una mujer de tez blanca, cabello teñido de rubio, complexión media, altura aproximada de un metro 68 centímetros, bien vestida y perfumada.    
Cuando la victimaria logra el primer cometido pretende convencer a su presa de que la apadrine para su tesis de maestría con 800 pesos que le hacen falta para empastar su  material incluso asegura que quien ya la ha apoyado es el ex secretario de gobernación estatal Mario Montero Serrano.  
Para ganar la confianza, la susodicha ofrece los números telefónicos de su casa, trabajo y celular, bueno, hasta la dirección de su casa, todas falsas, por supuesto.
El delito de fraude alcanza una pena de hasta 10 años, pero siempre alcanza fianza, por lo que los afectados han optado por ventilar entre sus conocidos y ahora a usted el hecho para que tome sus precauciones, no vaya a ser la de malas y esta fémina no actúe sola.      
Así que si se ve envuelto en este tipo de peticiones, primero indague para que después no se ande lamentando.  

Sus comentarios a salvador_solpue@yahoo.com.mx