martes, 24 de junio de 2014

Maltrato de juez deriva en que subordinada abortara

Apenas llegó al cargo de juez municipal de Ciudad Serdán, el 3 de junio pasado, y Guadalupe Violeta Guerrero Irigoyen mostró su estilo de entender la justicia y el derecho, maltratando al personal que ahí laboraba con la franca intención de fastidiarlo y abrir espacios para sus allegados.
Lo que ocurre, normalmente cuando un político o funcionario llega a un nuevo cargo, pero la juez en comento se pasó.            
Ese mismo martes 3 tuvo un altercado con la escribiente encargada de asuntos mercantiles, civiles y penales, Erika Brenes Juárez, una estudiante de Derecho con cinco meses en el puesto y seis semanas de embarazo, a la que sobajó y humilló con palabras altisonantes sólo por preguntarle sobre la nueva dinámica de trabajo y sobre la persona que firmaría algunos trámites pendientes.          
“¿Qué eres una pendeja o qué no sabes?”, fue uno de de los varios insultos que se llevó como respuesta la aprendiz de abogacía que para ese entonces atravesaba el tercero de sus embarazos, considerado como de alto riesgo.      
Como a las dos horas después del incidente Brenes comenzó a sentirse mal y luego de que una compañera le dijera que tenía manchado de sangre el pantalón le pidió a su nueva jefa autorización para irse a cambiar la ropa pero recibió de entrada una negativa, que porque se tenía que revisar minuciosamente el estado del juzgado y no podía salir. 
Luego vino la clásica amenaza, palabras más, palabras menos, de que hiciera lo que quisiera, que “los puestos van y vienen” que “si te quieres ir pues lárgate”.  
Erika se fue a su casa, con el dolor en el vientre y el temor de perder su trabajo.
Cuando llegó su esposo para llevarla al hospital, hicieron escala en el juzgado, ubicado en la presidencia municipal, para decirle a la jueza Guerrero Irigoyen que iban al médico y la respuesta fue que adelante, que no se preocupara.        
La atención médica llegó tarde, Erika había perdido su producto, debía someterse a un legrado y del empleo, era cuestión de días que lo perdería.
Por la causa del aborto, el doctor que la atendió sugirió llamar a un Ministerio Público para dejar constancia de lo ocurrido pero Erika no quería problemas con su nueva jefa.    
Por el legrado, el médico recomendó a la escribiente cinco días de reposo, es decir que tendría que presentarse hasta el martes 10 pero como de recursos humanos le comentaron que la juez le había levantado un expedientillo y que su puesto se habría dado a otra persona, decidió apersonarse el lunes.     
En efecto su plaza había sido dada a otra persona y a ella la había degradado a una plaza de “comisariado” forzándola en su convalecencia a realizar trabajos pesados desde el abrir y cerrar el pesado portón del juzgado hasta lavar los baños aun cuando existe una persona de intendencia.
Ayer, finalmente, tras traerla de aquí para allá con la expectativa de una reubicación, finalmente le notificaron que prescindirían de sus servicios y que de cuates le pagaban hasta el día 15.   
Sobre la conducta de la juez Guerrero Irigoyen están enterados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, ayer mismo llegó un oficio firmado por la quejosa dirigida al magistrado Roberto Flores Toledano.
Aunque este tipo de nombramientos, los de los jueces municipales, se dan por sugerencia de los presidentes municipales como ocurrió con Juan Navarro, edil de Ciudad Serdán, puesto que sus sueldos son pagados por los ayuntamientos, es el Poder Judicial el encargado de nombrarlos o removerlos. 
Telefónicamente, Erika Brenes pidió ayuda telefónica a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla; le tomaron su denuncia pero tenía que ratificarla físicamente en Puebla capital para que se le liberara un número de expediente, pero su estado de salud delicado y complicaciones económicas le hicieron imposible hacerlo, por lo que si quiere retomar la denuncia deberá iniciar el procedimiento.   

Hasta el próximo miércoles.


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martes, 17 de junio de 2014

Del Audi Stadium y una mega plaza comercial


Ocurrió en una reunión entre directivos de Audi y funcionarios del gobierno del estado.

El Gobernador Rafael Moreno Valle y directivos de la firma germana analizaban, con gráficas y maquetas, los avances de las obras relacionadas con la decimo tercera fábrica en el mundo de la armadora y sus proveedoras. Los alemanes se mostraban optimistas y receptivos a la explicación que el propio mandatario hacía.

De pronto, cuando la reunión parecía llegar a su fin y los funcionarios de Audi se disponían a levantarse de sus asientos, convencidos de que su decisión de invertir en Puebla 1,300 millones de dólares había sido la más acertada, el gobernador les pidió que aguardaran un momento más.

Con dote de convencimiento, el gobernador poblano comenzó a endulzarles el oído a sus invitados y mediante una proyección de maquetas del Estadio Cuauhtémoc, totalmente remodelado, con instalaciones de primer mundo, soltó una ambiciosa propuesta: convertir ese recinto, claro, con el patrocinio de la firma de los cuatro aros, en el Audi Stadium.    

La propuesta, según la versión contada al reportero, emocionó a más de uno de los participantes del encuentro, sin embargo los alemanes comentaron que tal vez sí pero a futuro y una vez que el equipo de primera división poblano fuera más competitivo.     

La versión de una remodelación del estadio cobró fuerza en diciembre del 2013 y fue confirmada en varios despachos informativos por el Presidente del Puebla F.C., Jesús López Chargoy, que amplió que el proyecto sería integral, al incluir la remodelación del estadio, un hotel y un centro comercial.   

Empero, luego de su tercer informe de gobierno, en enero, Moreno Valle concedió una entrevista a la conductora de Televisa, Puebla Mari Loli Pellón en la que habló del tema y condicionó el proyecto de tener “un estadio de primera” a que el equipo (Puebla de la Franja) fuera “de primera”, pero del posible cambio de nombre no se sabía mucho.

 El estadio Cuauhtémoc debe su nombre a acuerdos publicitarios con la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma que datan desde 1968, año en que fue inaugurado pero que al paso del tiempo se volvió común llamarlo así.   

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Mientras el tema de la remodelación del estadio se encuentra en pausa, un proyecto que registra avances considerables es de un centro comercial a un costado de la calzada Ignacio Zaragoza que promete superar en dimensiones y locales al Centro Comercial Angelópolis.    

La edificación de la mega plaza comercial, a cargo de Gropo Danhos, está decidida sobre amplios terrenos que actualmente cuentan con galerones de fábricas textiles en desuso muy cercanos al Instituto Tecnológico de Puebla.   

Según su página de Internet, Gropo Danhos, propiedad de David Daniel Kabbaz, es un grupo desarrollador mexicano con 37 años de experiencia en el mercado inmobiliario con participación preponderantemente en la zona metropolitana de la Ciudad de México.   

Se especializa en el “desarrollo, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales, oficinas y proyectos de usos mixtos”.   

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Hace una semana le comenté sobre la ausencia de un nuevo Reglamento del Registro Civil de las Personas para el Estado de Puebla que regule el servicio en las juntas auxiliares tras el impedimento a los presidentes auxiliares para constituirse en jueces derivado de las reformas a la Ley Orgánica Municipal hechas hace medio año.  

A pesar de que ése mismo miércoles la Secretaría General de Gobierno, la de Luis Maldonado Venegas, dio a conocer, mediante un comunicado, que se había publicado en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo titulado “Lineamientos Generales para la entrega-recepción del Registro Civil de las Junta Auxiliares a los Municipios” es el día en que nadie aclara cuando estará el reglamento y sobre todo una fecha tentativa para que se regularicen los servicios del registro civil, suspendidos en las juntas auxiliares y en cabeceras  municipios desde el 15 de mayo.   

Hasta el próximo miércoles.


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COLUMNAS PENDIENTES DE PUBLICAR

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martes, 11 de marzo de 2014

Las broncas de Aréchiga

FOTO: Ayuntamiento de Puebla
Más allá del desatino de su dependencia para coordinar la logística de la primera gira del presidente municipal de Puebla capital Antonio Gali Fayad a la junta auxiliar de San Miguel Canoa, el Secretario de Gobernación Municipal, Guillermo Aréchiga Santamaría, enfrenta sendos conflictos al interior de su dependencia que van de la gobernabilidad interna a la regulación de ambulantes y la organización de elecciones en juntas auxiliares.
Aréchiga mostró su novatez el jueves 6 de marzo cuando la falta de oficio propició que le reventara una manifestación a pesar de que días antes en su dependencia se generaron fichas que apuntaban sobre inconveniencias para realizar el evento del alcalde, pero no solo eso.
También se vio muy optimista, el pasado 2 de marzo cuando declaró que antes de los 100 primeros días del gobierno de Gali se lograría la reubicación de los ambulantes que se encuentran sobre la avenida Fidel Velázquez  y de manera particular aquellos que están en las inmediaciones del Hospital General del IMSS.
Aréchiga pretende hacer en 100 días lo que el ayuntamiento de Eduardo Rivera Pérez no pudo en tres años.  
Sólo frente al nosocomio hay un problema de fondo que hace complejo el tema: que las organizaciones 28 de Octubre y Doroteo Arango no están dispuestos a perder los espacios que les concedió la administración municipal de Blanca Alcalá Ruiz a través de quien fuera su secretario de Gobernación, Juan de Dios Bravo Jiménez.                        
En ese trienio, los de la 28 lograron lugares para 12 de sus agremiados y los de la Doroteo para 13 como una suerte de reubicación a una zona tolerada pero al día de hoy esos espacios rondan en los 40. 
A ello hay que sumarle los ambulantes de Antorcha Campesina y los de organismos independientes que están en esa zona.   
De los 100 días, a éste miércoles ya se agotó una cuarta parte y los comerciantes informales de La margarita se mantienen sin la más mínima intención de moverse.
A favor del secretario de Gobernación pesa que de proponérselo puede disponer del apoyo de la fuerza pública estatal.       
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Por si fuera poco, la renovación de las juntas auxiliares está en puerta y el hecho de que la Semana Santa se anteponga en el futuro inmediato generará un desgaste y utilización de la estructura de Gobernación para vigilar la masiva celebración religiosa.    
No obstante el verdadero problema, para Aréchiga, en cuanto a los comicios para definir a las próximas autoridades subalternas, es que tiene poco control del tema puesto que Erich  Ziehl  Loera, secretario particular de Antonio Gali es quien lleva la voz de mando en ese y otros asuntos.     
En tiempos de la transición, fue Ziehl  Loera quien recibió y dio el visto bueno a prospectos de aspirantes a ediles subalternos para recibir algún tipo de respaldo o apoyo. De hecho en el propio ayuntamiento hay quienes comienzan a ver que el particular del edil goza de un tramo de poder que le correspondería, sí, al secretario de Gobernación.    
¿Será que Aréchiga no se apasiona con el puesto que tiene porque estaría de transición en ese encargo en lo que llegan las definiciones para el 2015, que lo coloquen como candidato de Nueva Alianza por una diputación? 
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Ya que estamos hablando de Aréchiga y la forma en la que está sorteando el encargo para el que fue contratado, una fuente normalmente bien informada me asegura que el ex diputado ha requerido de los servicios de Antonio Acebedo Caballero como uno de sus operadores.
Acebedo se mantiene como encargado del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado y no figura en la nómina del Ayuntamiento de Puebla. La ayuda debe ser “de cuates”. 
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Hasta el próximo miércoles.
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martes, 4 de marzo de 2014

Las posiciones que no logró Manzanilla

Mucha tinta se ha utilizado para plasmar las desavenencias que existieron o existen entre el ex secretario General de Gobierno y desertor de una diputación plurinominal Fernando Manzanilla Prieto y el morenovallismo.    
Unos ven sinceridad en su activismo dentro del PAN por camino distinto al del gobernador del estado y otros conservan dudas sobre la existencia de un auténtico rompimiento.  
La realidad es que sus allegados no son bien vistos por el grupo en el poder y los ejemplos son cada vez más visibles. 
Además de los despidos, naturales, durante el cambio de una administración a otra, de un equipo de trabajo por otro, en el Ayuntamiento de Puebla se han suscitado otros que pudieran suscribirse como un daño colateral a partir de la postura de manzanilla por transitar por distinto camino al del inquilino de Casa Puebla. 
Son dos despidos correspondientes a dos posiciones con las que se daba por satisfecho el también promotor de la felicidad.
Uno de esos espacios lo pidió para Francisco López Sierra, quien se desempeñó como su secretario particular cuando estaba en la Secretaría General de Gobierno y lo siguió en la coordinación.
El trato era que López Sierra se convirtiera en el secretario privado del alcalde y en términos estrictos así fue. Cumplió tales funciones a partir del 15 de febrero, fecha del arranque de la administración, continuó el 16 pero al día siguiente le dijeron que muchas gracias pero que ahí no podía estar.
Aunque oficialmente está fuera de la nómina del gobierno municipal, le han prometido que los reubicarán en otra área, ya se verá.                   
El otro el de Miguel Abad Carrillo, quien fungió como asesor en la coordinación de transición del Ayuntamiento de Puebla y posteriormente se integró a la Oficina de la Presidencia encabezada por Héctor Hernández Sosa, con quien trabajó de la mano en la campañadel entonces candidato Antonio Gali Fayad.
El pecado de Abad fue no bajarse de la lista de aspirantes a consejeros del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional cuando se lo solicitaron de manera imperativa mediante llamadas telefónicas provenientes de alguna oficina gubernamental. Y tan no se bajó de la contienda que su nombre apareció en la lista que se votó el pasado 23 de febrero.            
Hoy Abad se mantiene cercano de Manzanilla en la complicada estrategia del equipo de Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva para disputarle la dirigencia del PAN Nacional a Gustavo Madero.   
Dicen que Gali intentó respetar los acuerdos con el que fuera su coordinador de campaña, pero una fuerza superior lo obligó a reconsiderar los compromisos.    
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Al buzón del reportero llegó un mail de un contador que coincide con lo expuesto la semana pasada en este espacio en el sentido de las dificultades que auditores externos de pequeños despachos tienen para conseguir contratos de los ayuntamientos municipales cuyos presidentes piden a cambio un “anticipo” en efectivo, equivalente al costo del primer año de auditoría.   
Le reproduzco unos fragmentos: 
“Mientras la Auditoría Superior del Estado no designe por sorteo qué integrante del padrón realiza tal auditoría a tal municipio o entidad y mientras no sea la propia Auditoría, por medio de la Secretaría de Finanzas, la que realice los pagos correspondientes a honorarios por las auditorías externas no se logrará el objetivo de la llamada transparencia pues hoy en día hay una dependencia e injerencia de los presidentes municipales o directores de las entidades”.      
“Así que de nada sirve depurar el padrón de auditores externos y poner restricciones de parte de la ASE para integrar el padrón de Auditores Externos. Y en efecto, como usted lo dice, si los alcaldes están pidiendo su mochada para contratar a nuestros despachos y peor aún, si hay quienes le entran a estas prácticas, ¿Qué se puede lograr con esas auditorías? ¿Tendrán algún valor?”        
Hasta el próximo miércoles.
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jueves, 20 de febrero de 2014

Diputado se resiste a quitar maestría que no tiene

El miércoles pasado le documenté en este espacio una lista de ocho diputados poblanos (a la que al día siguiente se sumaría uno más) que presumían en sus perfiles del portal web del Congreso del Estado estudios académicos que no aparecen ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 
De los nueve, la única que presentó el título y cédula profesional que la acredita como maestra en Estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica fue la panista Irma Patricia Leal Islas quien ignoró el porqué su cédula (8440808) no puede ser consultada en línea.      
Por el contrario, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Martínez Amador, no movió un dedo para retirar de su currículum una maestría de la que no tiene título profesional. 
Una fuente del Congreso estatal me asegura que en cuanto supo de esta inconsistencia, el ex priista se preocupó ante la realidad de que carece del título de maestro en Administración de Empresas de la Construcción y vería la forma para modificar su perfil en el portal de la LIX Legislatura.     
La realidad es que al día de hoy la información, imprecisa, sigue sin la debida aclaración.   
Seis más tuvieron el valor de reconocer virtualmente que tienen estudios truncos o carecen de título profesional que los acredite como maestros o licenciados, según sea el caso, y hacer las debidas correcciones.
Así, el priista José Chedraui Budib, se borró una maestría en Administración Pública y se dejó sólo como licenciado en Administración de Empresas. 
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México, Geraldine González Cervantes, modificó su currículum para precisar que tiene estudios truncos en Periodismo, Historia del Arte y Sociología.  
José Germán Jiménez García, coordinador de bancada y dirigente estatal del partido Compromiso Por Puebla (CPP) dejó de ser licenciado en Administración Pública para explicitar que tiene “estudios en”. Igual lo hizo el diputado suplente por el distrito de Amozoc, Francisco Mota Quiroz, quien se quitó el título de licenciado en Economía.
Quien, por iniciativa propia, por no ser mencionado en la columna del miércoles 18, optó por quitarse el título de ingeniero fue el diputado panista Heraclio Germán Martínez Manzano.  
Y el perredista, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, precisó que su título de maestría en Gobierno y Administración por la BUAP está en trámite.  



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En el Ayuntamiento de Puebla hay una regidora que estuvo a punto de publicar en su perfil oficial de Internet que es Maestra cuando en realidad no tiene el título que así la ampare.
Se trata de Silvia Argüello de Julián, emanada de la Coalición Puebla Unida, quien hasta hace poco se ostentaba como “Abogada con Maestría en Fiscalización y Rendición de Cuentas” en su perfil de Facebook.      
En esa red social así se presentaba ya como regidora del Ayuntamiento de Puebla para el periodo 2014-2018 pero al día de hoy ya no aparece la maestría y en el portal del ayuntamiento se lee que “cursó” tales estudios.   
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Auditores independientes y pequeños despachos contables se las están viendo negras para amarrar contratos con los nuevos presidentes municipales que por única ocasión tendrán un periodo de cuatro años ocho meses. 
Cuando los contadores buscan convencer a los ediles, lo mismo que de la mixteca como de la sierra norte o la zona de Libres se encuentran con una condicionante que parece ser un acuerdo preestablecido: la mochada en efectivo para el alcalde de lo equivalente al pago de la auditoría del primer año como condicionante para entregar el contrato por los casi cinco años.  
Por si fuera poco, para inscribirse como contadores externos ante la Auditoría Superior del Estado, encabezada por David Villanueva Lomelí, además de erogar $25,500.00 por el registro, $7,500.00 por bases y lineamientos, deben pagar $18,000.00 por un curso de actualización que recibirán hasta noviembre.     
Hasta el próximo miércoles.

Twitter: @elsalvadorrios  






    
    


martes, 18 de febrero de 2014

Diputados poblanos con títulos académicos que no aparecen

Entre los diputados que conforman la LIX Legislatura hay algunos que optaron por adornar su currículum con títulos académicos en la página web del Congreso del Estado pero que ante el Registro Nacional de Profesiones no aparecen.       
Por ejemplo el caso de la diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes, haría pensar que tiene tres profesiones.   
“Periodismo. Escuela de Periodismo y Arte en Radio y Televisión de Guillermo Pérez Verdusco, México, D.F. Historia del Arte. Instituto de Cultura Superior, México D.F. Sociología. Universidad Iberoamericana, Santa Fe. Edo. de México”, refiere su hoja de vida.

Sin embargo al hacer una consulta al Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, resulta que carece de título profesional alguno.


En el mismo caso se encuentra José Germán Jiménez García, coordinador de bancada y dirigente estatal del partido Compromiso Por Puebla (CPP), quien en su perfil del Congreso se puede leer que es licenciado en Administración Pública por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)  pero en la aplicación on line de la SEP su nombre no figura con algún título. 




El diputado suplente por el distrito de Amozoc, Francisco Mota Quiroz, refiere que es licenciado en Economía por la BUAP, pero al consultar la herramienta digital administrada por la Dirección General de Profesiones (DGP), adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior (SES), resulta que de sus 14 homónimos con título, ninguno corresponde a su persona.    



El caso de Susana del Carmen Riestra Piña, diputada y coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza es particular puesto que la redacción de su formación académica no da por hecho que es licenciada en Relaciones Internacionales pues se refiere que tiene “estudios universitarios” en esa materia, de ahí que se explique que no aparezca cédula profesional a su nombre.


En otro apartado se encuentra la ex contralora y diputada panista Patricia Leal Islas quien en su currículum   se describe como “abogada de profesión y Maestra en Relaciones Internacionales por la Fundación Universidad de las Américas, Puebla”, pero que a la hora de hacer la consulta al Registro Nacional de Profesiones sólo aparece la Cédula Profesional 1649570, correspondientes a su título, emitido en el año 1992,  en la Licenciatura en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc.   

     
También aparece el priista, José Chedraui Budib, quien refiere tener una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas, Puebla (Udlap) y una Maestría en Administración Pública por el Instituto de Estudios Universitarios Puebla pero la única cédula visible es la de sus primeros estudios, la 1672298, expedida en 1992.


Carlos Martínez Amador, diputado y coordinador  de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que es  Ingeniero Civil por la  Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco y que cuenta con una maestría en Administración en Empresas de la Construcción por  el Instituto Tecnológico de la Construcción de la Cámara Mexicana de Industrias de la Construcción, aunque sólo aparece la cédula profesional 2342305 que avalan sus estudios de ingeniería. 

Otro perredista, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, es licenciado en Derecho por la Udlap, según el título expedido en 2006 aunque la Maestría en Gobierno y Administración por la BUAP que reportó ante el Congreso aún no aparece en el portal de la SEP.      





Así que una de dos: o el portal de Internet del Registro Nacional de Profesiones no está lo suficientemente actualizado o los diputados se andan ostentando títulos profesionales que aún no tienen.  

Hasta el próximo miércoles.


Twitter: @elsalvadorrios