Ni trabajo, ni justicia, ni liquidación para Erika

La semana pasada le platiqué de un caso de maltrato laboral presuntamente protagonizado por la juez municipal de Ciudad Serdán, Guadalupe Violeta Guerrero Irigoyen, en contra de su subordinada Erika Brenes Juárez, una estudiante de Derecho que pasaba por la quinta o sexta semana de embarazo y que derivado de tales agravios perdió a su producto y cuya queja fue notificada, mediante escrito, al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Roberto Flores Toledano.

En esta instancia, lo que ha predominado es un absoluto silencio sobre el caso a tal grado que se desconozca si en efecto se inició una investigación por la presunta falta administrativa.  

Se supone que será hasta el viernes próximo cuando a la agraviada se le informe el curso de la queja que mediante un tercero ingresó al tribunal el pasado martes 24 de junio pues se entiende que falta la firma de Flores Toledano para darle ingreso.

Ayer mismo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) turnó la queja derivada del expediente 6801/2014-I al propio tribunal para su conocimiento e intervención en el caso, puesto que el organismo no es competente para conocer sobre quejas relacionadas con el poder judicial.  

La semana pasada le comenté que originalmente Erika Brenes hizo una llamada telefónica para dar parte a la CDH de lo ocurrido pero ante su incapacidad física y económica para ratificar la denuncia de manera personal en las oficinas de Puebla le habían dicho que tenía que volver a iniciar el trámite.       

Dos días después de lo publicado por éste reportero, la CDH reconsideró y le permitió a la quejosa ampliar su queja vía telefónica y un día después una visitadora del organismo se constituyó en Ciudad Serdán para la debida ratificación pero al comprobarse que se trataba de una juez dependiente del Poder Judicial del Estado se le dijo que sería canalizado el tema a ese poder.   

“El 27 de junio de 2014, una visitadora del organismo se constituyó en el municipio de Chalchicomula de Sesma, entrevistándose con la quejosa quien de forma personal expresó los hechos constitutivos de la queja, ratificó la misma y se pudo determinar que la Juez Municipal involucrada en los hechos forma parte del Poder Judicial del Estado, por lo que se le comunicó que su queja sería remitida al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para su conocimiento e intervención, ya que por ley, la CDH Puebla, no puede conocer de quejas en contra de autoridades del poder judicial del estado, manifestando su conformidad”, establece una ficha técnica de la CDH.

Ahora bien, por lo que respecta a la liquidación que a la fecha no le entregó el ayuntamiento de Ciudad Serdán a Brenes Juárez tras su despido, será éste viernes 4 de julio, a las 10:45 horas, cuando se realice una audiencia conciliatoria derivada de la queja 3044/14.     

El monto que la administración del edil Juan Navarro Rodríguez le debe, ronda entre los 5 mil y 6 mil pesos.  

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El accidentado proceso para reintegrar los servicios del registro civil a las juntas auxiliares y municipios, suspendidos desde el 15 de mayo pasado, derivado de reformas a la Ley Orgánica Municipal, sigue generando molestias e inconformidades.

Para aclarar el problema, al que la Secretaría General de Gobierno no puede o quiere entrarle, basta una frase, dicha al reportero por un funcionario del municipio de Puebla, que es contundente “le puedes quitar al presidente auxiliar la facultad que quieras pero no el servicio a la gente”.

Y a mes y medio, es la hora en que el servicio para trámites de actas de nacimiento, bodas o defunciones no tiene fecha para que se normalice en toda la entidad poblana. 

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Maltrato de juez deriva en que subordinada abortara

Apenas llegó al cargo de juez municipal de Ciudad Serdán, el 3 de junio pasado, y Guadalupe Violeta Guerrero Irigoyen mostró su estilo de entender la justicia y el derecho, maltratando al personal que ahí laboraba con la franca intención de fastidiarlo y abrir espacios para sus allegados.

Lo que ocurre, normalmente cuando un político o funcionario llega a un nuevo cargo, pero la juez en comento se pasó.            

Ese mismo martes 3 tuvo un altercado con la escribiente encargada de asuntos mercantiles, civiles y penales, Erika Brenes Juárez, una estudiante de Derecho con cinco meses en el puesto y seis semanas de embarazo, a la que sobajó y humilló con palabras altisonantes sólo por preguntarle sobre la nueva dinámica de trabajo y sobre la persona que firmaría algunos trámites pendientes.          

“¿Qué eres una pendeja o qué no sabes?”, fue uno de de los varios insultos que se llevó como respuesta la aprendiz de abogacía que para ese entonces atravesaba el tercero de sus embarazos, considerado como de alto riesgo.      

Como a las dos horas después del incidente Brenes comenzó a sentirse mal y luego de que una compañera le dijera que tenía manchado de sangre el pantalón le pidió a su nueva jefa autorización para irse a cambiar la ropa pero recibió de entrada una negativa, que porque se tenía que revisar minuciosamente el estado del juzgado y no podía salir. 

Luego vino la clásica amenaza, palabras más, palabras menos, de que hiciera lo que quisiera, que “los puestos van y vienen” que “si te quieres ir pues lárgate”.  

Erika se fue a su casa, con el dolor en el vientre y el temor de perder su trabajo.

Cuando llegó su esposo para llevarla al hospital, hicieron escala en el juzgado, ubicado en la presidencia municipal, para decirle a la jueza Guerrero Irigoyen que iban al médico y la respuesta fue que adelante, que no se preocupara.        

La atención médica llegó tarde, Erika había perdido su producto, debía someterse a un legrado y del empleo, era cuestión de días que lo perdería.

Por la causa del aborto, el doctor que la atendió sugirió llamar a un Ministerio Público para dejar constancia de lo ocurrido pero Erika no quería problemas con su nueva jefa.    

Por el legrado, el médico recomendó a la escribiente cinco días de reposo, es decir que tendría que presentarse hasta el martes 10 pero como de recursos humanos le comentaron que la juez le había levantado un expedientillo y que su puesto se habría dado a otra persona, decidió apersonarse el lunes.     

En efecto su plaza había sido dada a otra persona y a ella la había degradado a una plaza de “comisariado” forzándola en su convalecencia a realizar trabajos pesados desde el abrir y cerrar el pesado portón del juzgado hasta lavar los baños aun cuando existe una persona de intendencia.

Ayer, finalmente, tras traerla de aquí para allá con la expectativa de una reubicación, finalmente le notificaron que prescindirían de sus servicios y que de cuates le pagaban hasta el día 15.   

Sobre la conducta de la juez Guerrero Irigoyen están enterados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, ayer mismo llegó un oficio firmado por la quejosa dirigida al magistrado Roberto Flores Toledano.

Aunque este tipo de nombramientos, los de los jueces municipales, se dan por sugerencia de los presidentes municipales como ocurrió con Juan Navarro, edil de Ciudad Serdán, puesto que sus sueldos son pagados por los ayuntamientos, es el Poder Judicial el encargado de nombrarlos o removerlos. 

Telefónicamente, Erika Brenes pidió ayuda telefónica a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla; le tomaron su denuncia pero tenía que ratificarla físicamente en Puebla capital para que se le liberara un número de expediente, pero su estado de salud delicado y complicaciones económicas le hicieron imposible hacerlo, por lo que si quiere retomar la denuncia deberá iniciar el procedimiento.   

Hasta el próximo miércoles.

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